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El gobierno nacional no tiene manera de sostener el ritmo de gastos que trae. Por eso acaba de presentar una propuesta para ajustar las cuentas durante los próximos cuatro años. ¿Qué desenlaces posibles tiene un lío fiscal como el nuestro?
La estrategia del gobierno es de doble filo. Por un lado, un ajuste fiscal que tiene componentes de reducción del gasto junto con mayores impuestos. Por otro lado, espera que el crecimiento económico sea vigoroso y por tanto las variables fiscales con relación al tamaño de la economía caigan. Si el ajuste y las esperanzas de crecimiento no bastan hay cuatro posibles válvulas de escape. Las dos primeras son poco plausibles. Sin ajuste, estallará la bomba fiscal y lo hará en las habitaciones tres y cuatro de esta lista:
La primera válvula de escape involucraría que las tasas de interés que paga el gobierno por su deuda caigan. Sin embargo, es una constante planetaria que los gobiernos están pagando las tasas más altas en al menos dos décadas y no se avizoran señales que vayan a aliviar la estrechez financiera global. Esa válvula no tiene cara de ir a accionarse.
La segunda, si la inflación colombiana subiera de manera importante, los intereses pactados en el pasado y el saldo de esas deudas en relación con los ingresos ajustados por inflación caerían. Pero, naturalmente, a la población no le gusta la inflación y generarla no hace parte del mandato de quien tiene el mejor instrumento para afectarla: el Banco de la República. Tampoco luce plausible poder soltar vapor fiscal por ese lado.
La tercera alternativa es reprimir al sector financiero forzándolo a comprar deuda del gobierno a tasas bajas. Hay alternativas dentro de esa ruta que requieren o bien el concurso del legislativo o la declaratoria de estados de excepción. Pero también hay caminos que están a un decreto de distancia. Indirectamente algo de ese estilo hizo el gobierno de Petro cuando redujo por decreto los límites de inversión de los fondos de pensión en el exterior: una manera soterrada de forzarlos a comprar deuda pública.
Y la última alternativa es que el Gobierno deje de pagar sus obligaciones. Podría dejar de pagar a sus acreedores del mercado financiero, lo cual desataría una detención inmediata del flujo de nuevos recursos. Es más probable que se cuelgue en otras obligaciones: un mes se atrasa en los pagos de pensiones, otro se cuelga en las nóminas, suma a la lista a algunos proveedores, no le paga deudas a Ecopetrol, se deterioran las carreteras, universidades, hospitales, etc.
Eso es lo que está en juego en el debate sobre la ley de rescate. El Congreso debe discutir si hay otros ajustes al gasto o a los impuestos que no se hayan contemplado en el texto propuesto siempre y cuando encajen con llegar al mismo destino fiscal. Votar en contra de algún impuesto o de alguna reducción de gasto sin proponer una alternativa terminará accionando las otras válvulas.
@mahofste
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