El Gobierno anunció la reanudación de la negociación con el Estado Mayor Central (EMC). Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el EMC está conformado por 27 grupúsculos, diseminados en 173 municipios; son unas 3.500 personas, entre jóvenes recién reclutados, exmilicianos, hombres que no firmaron el Acuerdo de La Habana, otros que sí y redes de apoyo. Están sobre todo en lugares recónditos de Caquetá, Guaviare, sur del Meta y Vichada. Allí son la ley y el orden, según dijo a este diario su vocero Andrey Avendaño, exjefe de escuadra de las extintas FARC en el Catatumbo.
Néstor Gregorio Vera (Iván Mordisco), jefe del EMC, siempre se opuso a la paz. Acumula un récord criminal de 20 años: cultivos ilícitos, control del tráfico internacional de cocaína, minería ilegal, secuestro... Su grupo ha sido particularmente violento contra la población indígena en la Amazonia. Una alerta de la Defensoría del Pueblo de mayo pasado denunció asesinatos, reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas para cometer delitos, entre otros atropellos.
Según la FIP, desde 2017 el EMC ha venido tejiendo lazos con diversas células regadas por el país. Intentan volverse una fuerza lo suficientemente grande para ser considerada actor político y lo están logrando. Después de varios incidentes y rupturas, vuelven ahora a la mesa de diálogo con el Gobierno, que les puso como condición el respeto a la población civil y continuar con el cese al fuego que firmaron hasta enero de 2024.
Este proceso con ellos está motivado por la ambiciosa y esperanzadora idea del presidente Petro de convencer a los violentos de construir juntos un país tranquilo que permita un desarrollo más humano y una sociedad más justa. No obstante, tiene por delante un camino sembrado de minas explosivas. Los voceros del EMC representan a una confederación variopinta, en algunos puntos disputándose con otros bandos la brutal herencia fariana. Mantenerlos alineados no será fácil. Algunos de sus integrantes, guerrilleros desde adolescentes, no saben vivir de otro modo. Les da sentido a sus vidas, muchas veces desarraigadas y tristes, creer que sirven a un propósito político mayor y que pertenecen a algo. Otros están atrapados en negocios ilegales y gozan su poder de fusil.
Si el Acuerdo de La Habana, logrado después de un esfuerzo institucional y político enorme, no los pudo convencer, ¿por qué este diálogo improvisado sí lo hará? ¿Podrá un Gobierno ya impopular convencer a los colombianos de dar otro perdón a quienes ya incumplieron?
El Gobierno Petro tiene una ventaja simbólica porque, al ser de izquierda y contrario a seguir la guerra sucia del pasado, puede serles más creíble, pero es una delantera frágil. Los miembros del EMC que buscan mejorías concretas para las comunidades de sus alejados territorios exigirán pronto acciones del Gobierno que aún no asoman. A aquellos que usan este diálogo para fortalecer sus vínculos nacionales y ensanchar su poder armado y sus negocios les es indiferente el talante del presidente.
El peor riesgo de esta negociación con el EMC es que termine saboteando el exitoso esfuerzo de paz con las FARC. Avendaño fue beneficiario y firmante de la paz de 2016, ¿cómo podrán legalmente incluirlo en un nuevo acuerdo, cuando la condición para liberarlo de la cárcel fue que no reincidiera? El 95 % de los 13.000 firmantes de esa paz siguen fieles a sus compromisos, a pesar de que los han matado y perseguido. ¿Qué les dice el Gobierno a los cumplidores y a las víctimas cuando les da el micrófono a los traidores? ¿Que en realidad ese acuerdo pasado no fue tan legítimo?
La apuesta es tan alta que el peligro es perderlo todo.
