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En el ambiente flota la desesperanza.
Las ventanas de los edificios se ven repletas de avisos de “se alquila”, “se vende”. En la calle deambulan niños solos. Uno me contó que venía de Buenaventura: “allá no podemos vivir porque es muy peligroso”.
La pandemia empujó a unos a encuevarse, asustados por el virus o doblegados por la pena de las muertes prematuras de los suyos. Otros sólo se concentran en sobrevivir: la mitad de los colombianos están en la pobreza o haciendo malabares en una cuerda floja. Cualquier traspié los lanzará a ella.
A los que salieron a gritar a la calle en abril y mayo pasados les cayó la bota. Una represión en la que, según reportó este diario, citando a Noche y Niebla del CINEP, “ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, torturaron a 38, desaparecieron a seis, perpetraron acciones de violencia sexual contra diez, además de herir a 358, detener arbitrariamente a 351 y amenazar de muerte a 137”. Los malos gobiernos siempre han sabido que con la brutalidad se silencia el descontento.
Me impresionó volver a leer hoy en el reporte del CINEP del primer semestre de 2021 –documentado con pruebas minuciosas recogidas en terreno– listas de hechos casi idénticos a los que había revisado de los años 80 y 90, cuando investigué mi libro Guerras Recicladas.
El 8 de enero en Buenaventura seis paramilitares de “La Local” se metieron a reclutar jóvenes a una comunidad en Puente Nayero que desde hace cinco años viene pidiendo -en vano- protección policial para que no les quiten a sus hijos.
El 28 de febrero paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tiraron panfletos en Suba, Bogotá, amenazando a varios activistas sociales.
El 2 de marzo sucedió el bombardeo de la Fuerza Pública en Guaviare que sacudió al país, pues terminó con 12 niños muertos. Pero el escándalo no corrigió mucho.
El 4 de abril, también en Guaviare, tropas de la fuerza de tarea Omega le dispararon a Iván Orrego, trabajador de 17 años de la comunidad Cachicamo.
El 2 de mayo en San Luis, Antioquia, Juan David García, estudiante de comunicación social y líder del paro recogía fondos para ayudar a personas con COVID-19 cuando lo acribillaron.
El 5 de junio dos hombres armados asesinaron al líder social José Valencia en Tuluá. En esa ciudad del Valle van 87 personas muertas violentamente en lo que va de este año, incluido el brillante y humilde periodista Marcos Efraín Montalvo, abaleado por un jovencito de pantalón corto que le disparó cinco veces el pasado 19 de septiembre. Niños entre 14 y 17 años cometen el 16 % de los asesinatos allí, según el observatorio local. Parece que querían silenciar sus denuncias contra la mafia del cilantro y la papa o sobre la corrupción en el tránsito.
Tampoco anima la perspectiva de futuro.
Sí hay candidatos que saben que la paz se nos esfuma; que el abuso de poder es intolerable; que la ciudadanía más valiente se siente aplastada; que, aupada por unos políticos desahuciados, la Fuerza Pública sigue peleando una guerra contra fantasmas del pasado y no quiere cambiar de fondo para que civiles indefensos no sean sus víctimas; y que demasiados miembros de las élites piensan que el costo social de sus privilegios se disimula si se ignora lo que pasa en pueblos y barrios a donde jamás van.
No obstante, por ahora, los egos de esos presidenciables parecen pesar más que sus ideas. ¿Cuál de ellos ha dicho que lo urgente es corregir el rumbo, sea quien sea que gane?
¿Qué están esperando?¿A que la noche y la niebla vuelvan otra vez sobre nosotros?