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“Las ex FARC emiten y regulan documentos de identidad, exigen licencias especiales a los conductores de camiones y multan o expulsan a quienes no cumplen”. Otros grupos guerrilleros “detienen personas, las investigan, les imponen multas o las presionan para trabajos forzados”. Contra los insurgentes responsables de estas insólitas situaciones en algunas zonas del país sería ingenuo proponer algo distinto a buscar, antes que nada, derrotarlos militarmente. Aunque esa acción sea estigmatizada como de extrema derecha: el típico Halcón (Hawk) que disfruta la guerra y se beneficia.
Eduardo Pizarro Leongómez es un analista serio del conflicto armado colombiano: no subordina el diagnóstico a la ideología. Se autodefine de izquierda, pero califica la Paz Total de rotundo fracaso. Así lo argumenta en un libro que lanzará próximamente. Cito anticipos de una entrevista. “Las FF. MM. se han debilitado en este gobierno”. Colombia es un país demasiado complejo geográficamente, y sus FF. AA. requieren “hombres, armas y recursos importantes”. Paradójicamente, en los últimos años, disminuyó el pie de fuerza y mermó la capacidad aérea: “el balance es negativo”, con innegable responsabilidad del Gobierno del Cambio. Tocaba “acelerar la sustitución de aviones Kfir, fabricados en Israel” que fueron cruciales en el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, una operación del 2008 que fue “definitiva para la derrota estratégica de las FARC; cambió completamente la dinámica del conflicto”. En particular, indujo “su decisión de negociar la paz” años después. La baja del “canciller de las FARC” produjo una “crisis de liderazgo que nunca pudieron superar”.
En 2010, también con Kfir, fue abatido el Mono Jojoy, un “insustituible” cuya muerte dejó “huérfanas a las FARC en capacidad de lucha y estrategia”. Igualmente importantes han sido los helicópteros, de los que hoy sólo se usa el 60 %. Petro pensó que, en pocas semanas, “el ELN y las disidencias se iban a acoger a la paz para apoyar al primer gobierno de izquierda”. Fue una mezcla de candor y uso proselitista del gasto militar. El viraje de 180º, de la zanahoria al garrote contra distintos grupos que ya establecieron “gobernanzas criminales” en vastos territorios, podría explicarse por la presión de los EE. UU. “Es probable que tal como está ocurriendo con la élite venezolana, incluso la cubana, Petro esté reaccionando por temor a su futuro”. La precariedad militar no es sólo en equipo, material, pie de fuerza y finanzas. Se afectó el ánimo y la moral en la dirección de la tropa. “Hay indicios de ascensos no por hoja de vida y méritos sino por adhesión al partido de gobierno… Esa politización terminó con las FF. MM. de Venezuela”.
Esta visión sombría de la Paz Total por un civil académico la complementa el general Óscar Naranjo, con amplia experiencia en el terreno. Director general de la Policía Nacional (2007-2012), jugó un papel fundamental en los ataques a Reyes y Jojoy que requirieron labores de inteligencia que él dirigía. Entrevistado recientemente, anota que “América Latina está amenazada por una constelación delictiva de unas 800 organizaciones criminales capaces de afectar la gobernabilidad democrática… la amenaza es estructural e irrigada… no se salva ningún país”. Critica el “Escudo de las Américas”, la iniciativa de Trump basada en “disuasión dura”, pero abunda en razones para derrotar militarmente la amenaza existente. “La gobernanza criminal se expresa con control territorial armado, imposición de reglas de comportamiento a las comunidades y a los ciudadanos, cooptación de autoridades locales vía intimidación o corrupción y protección de sus fuentes de economía ilegal, droga, oro, migración, trata de personas”, precisa. Considera que los Estados enfrentan un rival que les compite y los está desplazando o sustituyendo, con un arsenal militar colosal. “Nunca vi en Colombia, como se ve en México, unidades típicamente militares de un cartel: carros blindados, armas de asalto, lanzacohetes, morteros… y una estructura muy desafiante.. 138.000 personas en armas”, algo equiparable al ejército mexicano. A la gobernanza criminal le han agregado la búsqueda de aceptación y legitimidad sociales. En Colombia, “especialmente bajo Petro”, han sido visibles “unos 36 eventos públicos donde (alguna guerrilla) inaugura centros de salud, escuelas o carreteables con aplauso de la comunidad y participación de autoridades locales”, concluye. Encuentra alarmante la imagen de “narcotraficantes pura sangre llamados al tarimazo de Medellín”.
Cualquiera prefiere Palomas (Doves) para gobernar. Pero es imposible ignorar que ante organizaciones criminales que desplazaron al Estado en algunas regiones hay una tarea previa para Halcones, como el Nobel de Paz antes de su metamorfosis. No es prudente ignorar el fracaso de la Paz Total. Para enmendarlo se debe reconocer que periodicazos, escobazos o arañazos no garantizan el monopolio estatal de la coerción, condición sine qua non de cualquier democracia.
