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Suena insolente sugerirlo, pero hay elementos de la justicia en Colombia que han sido más independientes del poder político, económico o mafioso, que en España.
Hasta hace poco, pragmáticamente, la justicia penal española se centró en perseguir delincuentes políticos, denominados sin ambages terroristas, sin molestar a los narcos. Colombia, por el contrario, aupada por los EE. UU., le declaró la guerra a las mafias más poderosas del planeta, en buena medida las derrotó, pero engavetó las sanciones penales para dialogar con variadas insurgencias.
El desinterés español por el narcotráfico no era simple descuido. En 1984, tras el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, los principales capos colombianos huyeron del país. Tras fracasar las negociaciones en Panamá con el gobierno de Belisario Betancur, Pablo Escobar regresó para emprender la guerra contra el Estado mientras Jorge Luis Ochoa viajó a Madrid para consolidar negocios. Allá fue detenido junto con Gilberto Rodríguez Orejuela, cabeza del cartel de Cali. La justicia norteamericana tenía robustos expedientes contra ambos y solicitó a España su extradición a los EE. UU. Desde antes, abogados colombianos buscaban el traslado a Colombia de los detenidos. A mediados de 1986 los dos mafiosos ganaron el forcejeo y lograron sendos “sainetes de una absolución anunciada” en su país.
En España, esa decisión provocó “enfrentamientos jurídicos entre el Gobierno y la Audiencia Nacional”. El buenismo argumentaba que la petición norteamericana era política y perjudicaba a Ochoa por la “notoria enemistad” con Nicaragua, país involucrado en el caso por el principal testigo, Barry Seal. “Acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal” le recriminó Felipe González, lúcido socialista, al presidente del Tribunal Supremo tras la decisión de enviar a Rodríguez Orejuela a Colombia. Antes, había señalado el intento por “obtener su libertad pagando lo que hiciera falta… en una apuesta que llegó muy alta”. En El hijo del ajedrecista, Fernando Rodríguez confirmaría el pago por la decisión mientras John Jairo Velázquez mencionaría 30 millones de dólares “de los extraditables” para lograr ese objetivo.
Por aquella época, la élite de la magistratura colombiana cayó asesinada por no ceder al chantaje de los mismos extraditables ni servir de carne de cañón en la Toma del Palacio de Justicia. Varios jueces de instrucción, antecesores de fiscales, se arriesgaron para recoger, con las uñas y bajo amenazas, testimonios y pruebas sólidas que han ayudado a esclarecer la verdad y descartar narrativas absurdas.
En 2018, al llegar al poder, Pedro Sánchez nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado, su exministra de Justicia, criticada en la institución por traer personas afines a sus convicciones políticas, como Álvaro García Ortiz, un colaborador y sucesor recién condenado penalmente por revelación de secretos. Aunque Sánchez asegura respetar y acatar el fallo, machaca la inocencia de su protegido.
A pesar de todas las críticas que se han hecho a las cabezas de la Fiscalía colombiana casi desde su creación, nada se acerca a la descarada manipulación judicial y mediática como herramienta de poder del sanchismo, no sólo para evadir acciones en contra, usuales en Colombia, sino para perseguir adversarios políticos, enemigos para estigmatizar y acosar. A los dos años de inhabilitación a García Ortiz hay que sumarle una indemnización de 10 mil euros por daños morales al novio de Isabel Díaz Ayuso, principal contrincante política de Sánchez.
Si bien en la cúpula de la rama judicial española y colombiana persisten discrepancias de politización, más intensa allá, en las bases cabe destacar un paralelo en la investigación criminal: la Guardia Civil y el Cuerpo Técnico de la Fiscalía (CTI) se han consolidado como entes independientes, difíciles de sobornar, amedrentar o infiltrar.
En su último libro, El laberinto del Parqueadero Padilla, Diana Salinas muestra que esa autonomía empezó hace décadas. Aclara que la oficina paramilitar allanada en 1998 por el CTI en ese insólito lugar es una “mutación del Cartel de Medellín y del Cartel de Cali… los Rodríguez entrenaron a los Ochoa para tener esta estructura empresarial”. Parte del know how provenía de facultades de Derecho. Los capturados del Padilla se comunicaban “a través de los abogados, y esos abogados habían sido los de los Ochoa y Escobar”. Además, mantenían perfectamente informado a Carlos Castaño, comandante máximo de las autodefensas. Aún así, los insobornables sabuesos armaron sólidos expedientes que luego se refundieron. ¿Por qué? “El problema lo tiene en su más alto grado la justicia”, responde Salinas.
Es una lástima que una investigación seria y minuciosa se empañe con deslices como “la conexión con el holocausto” o asimilar “acabar el problema judío con acabar el problema de la guerrilla”. Cualquiera del CTI o la Benemérita reprendería a la periodista por esa flagrante falta de pruebas.
