Justicia incómoda

Una cosa es exigirle a la JEP que hasta funcione mejor, y otra, acabarla porque sus hallazgos fastidian a personas poderosas. Esta justicia se concibió como un instrumento vital del Acuerdo de Paz, no para que dirimiera peleas callejeras sino para esclarecer los crímenes más graves cometidos durante décadas de conflicto armado, reconocer a las víctimas, determinar responsabilidades y garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.

La JEP sí ha cumplido, porque lo que a través de ella se ha sabido y conocido no tenía posibilidad alguna de que se revelara en la justicia ordinaria. Todo eso ha sido posible por las versiones rendidas por ex-FARC, militares, agentes del Estado y terceros civiles sobre secuestros, reclutamientos y un sinnúmero de conductas atroces.

Que las penas a imponer por la JEP no sean iguales a las de la justicia ordinaria no es motivo para extinguirla. Por el contrario, esa crítica es infundada porque quienes se sometan a esa justicia pierden cualquier beneficio si mienten, ocultan información o incumplan sus compromisos.

Suprimir la JEP, recortarle arbitrariamente su presupuesto o intimidar a sus magistrados —como lo ha pretendido Abelardo con su hostil respuesta al enhiesto Ramelli cuestionándole el monto del salario que es igual al suyo y a los de los demás togados— multiplicaría la incertidumbre, desconocería los compromisos estatales, pondría en riesgo años de investigaciones y comparecencias, y enviaría el mensaje desolador de que la justicia solo merece respaldo mientras no toque a quienes tienen influencia política, militar o económica.

La JEP no puede ser una tribuna partidista ni inquisidor de nadie: su función es administrar justicia sin sesgos ni favoritismos; eso incluye a quienes untaron sus manos de sangre como los máximos responsables de las FARC y, por supuesto, los agentes estatales. En últimas, la víctima no deja de serlo ni su sufrimiento se alivia dependiendo de la ideología o los propósitos políticos de su victimario.

Se equivocan quienes se creen geniales por sostener la trivialidad de que el problema de la JEP es la supuesta ambición que los llevó a hacer lo que no debían y dejaron de hacer lo que sí debían. En vez de lanzar, agazapados desde la sombra, dardos rencorosos y envidiosos, deberían pensar qué ocurriría con las víctimas, los expedientes, las verdades reveladas y las obligaciones asumidas por quienes se sometieron al sistema. Eso sería tan catastrófico como el mismo conflicto armado que no cesa.

Es inverosímil que inclusive quienes en el pasado reciente se rasgaban sus vestiduras por la paz, ahora con la llegada del nuevo gobierno, alimentado en las trincheras del fascismo, hayan decidido atacar la JEP con el frágil planteamiento de que defenderla es respaldar a la insurgencia y atacar la Fuerza Pública. ¿En dónde quedó el respeto a las víctimas, o ya no importa que nunca se enteren de lo qué pasó? Ahora resulta que esta justicia transicional ya no gusta o pasó de moda porque llegaron a mandar otros y, principalmente, porque inquieta a los sectores comprometidos en la guerra. Hay que preservar la JEP, cueste lo que cueste, que en cualquier caso será menos que lo que costaron los dolorosos años de guerra.

A propósito, se les está haciendo tarde a las altas Cortes solidarizarse con la JEP. Será que las visitas de Abelardo al Palacio de Justicia ya hicieron su “milagro”, o que lo harán los 185 mil millones que les trasladarán para incrementar la burocracia.

Adenda No 1. Seguramente la foto de un presidente con un arma al cinto traerá más inversión y turistas a la patria “prodigio”.

Adenda No 2. “Milagrosa” la retractación de David Murcia de sus acusaciones contra su exapoderado, justo cuando le agravaron sus condiciones carcelarias. Alguien del gobierno debe explicar si hay algo detrás de este tenebroso episodio que el país deba conocer.