La paz armada

El gobierno expide un decreto para que el mayor número posible de ciudadanos porten armas, porque eso traerá seguridad; craso error. Cada cierto tiempo reaparece la misma fórmula redentora: como el Estado no protege a los ciudadanos, que cada uno se proteja a sí mismo. Y, para hacerlo, nada mejor que facilitarle un arma. La propuesta tiene la seductora simplicidad de las malas ideas.
Quienes defienden la liberalización del porte de armas parten de una premisa aparentemente incontestable: los delincuentes ya están armados y las prohibiciones solo afectan a quienes respetan la ley. Con ese criterio belicista, hay que permitir que la “gente de bien” pueda defenderse en igualdad de condiciones. El argumento suena razonable hasta cuando se calculan sus consecuencias. Una sociedad no se vuelve más segura porque aumente el número de personas capaces de disparar. Se vuelve, sencillamente, una sociedad más armada.
El problema comienza por esa cómoda división entre “buenos” y “malos”. El ciudadano ejemplar que compra legalmente una pistola no deja por ello de enfurecerse, beber, equivocarse, deprimirse, sentir celos o protagonizar una disputa de tránsito. Tampoco el salvoconducto para armarse le prodiga la serenidad de un experto para decidir en segundos cuándo existe o no una amenaza real. Las armas no distinguen entre el delincuente y el hombre respetable que perdió la cabeza durante un instante.
En Colombia deberíamos saberlo mejor que nadie. Nuestra historia está llena de tragedias nacidas de la quimera de que la seguridad puede privatizarse y de que, cuando el Estado sea insuficiente, cada quien tiene derecho a organizar su propia defensa. Aquí ya sabemos que es fácil entregar la fuerza a los particulares, pero difícil recuperar después su monopolio.
El Estado moderno se construyó sobre la base de que la fuerza legítima no puede quedar dispersa entre quienes crean tener motivos suficientes para ejercerla. Naturalmente existe la legítima defensa. Nadie sensato pretende que una persona permanezca inerme ante una agresión injusta, actual e inminente. Pero de reconocer ese derecho a convertir el armamento generalizado de la población en política de seguridad hay un abismo.
Además, es contradictorio prometer seguridad mediante la multiplicación de aquello que puede producir inseguridad. Una discusión entre vecinos, una riña familiar o una pelea callejera tienen consecuencias distintas cuando alguno de los participantes lleva pistola. El arma introduce en conflictos ordinarios una capacidad extraordinaria de convertir un momento de furia en una decisión irreversible.
Tampoco convence la fantasía del ciudadano armado que neutraliza heroicamente al delincuente. Puede ocurrir, por supuesto, pero una política pública no se diseña alrededor de episodios excepcionales ni de escenas hollywoodescas.
La respuesta al fracaso de la seguridad pública no puede ser la renuncia del Estado a proporcionarla. Si la policía no protege, hay que mejorarla; si la justicia no castiga, hay que hacerla funcionar; si las armas ilegales circulan impunemente, hay que perseguirlas. Lo que resulta extravagante es concluir que, puesto que existen demasiadas armas en manos de delincuentes, la solución consiste en poner muchas más en manos de todos los demás.
Armar a todo el mundo porque existen delincuentes armados equivale a apagar un incendio con pólvora. Ojalá este experimento guerrerista no termine en que el tal salvoconducto para portar armas solamente se lo expidan a abelardistas, a Salvación Nacional y a esa godarria ultracristiana rencorosa, de manera que queden armados solo ellos e indefensos los demás.
Lástima que los ministros del Interior y de Justicia de la “patria milagro” y del “Viva Cristo Rey”, que, por su formación como supuestos juristas egresados de una Casa de Estudios libre y contestaria, estaban obligados a disentir de este decreto atroz, prefirieron callar y agacharse ante su jefe. El poder enceguece; se arrepentirán.
En suma, no hubo nadie en la Casa de Nariño con carácter, ni siquiera un pastor o un sacerdote de los muchos que deambulan por esos pasillos, que le hiciera ver al nuevo inquilino que la felicidad colectiva no está en que todos vivamos armados.
Adenda No 1. Deplorable el papel del Partido Liberal, socio y defensor de un gobierno de ultraderecha, por cuenta de las ambiciones y el autoritarismo de César y Simón Gaviria.
Adenda No 2. Toda mi solidaridad con el admirado caricaturista Vladdo.