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Se equivoca el presidente Petro en su empeño de intervenir abiertamente en política electoral, como lo viene haciendo directamente y a través de su subalterno, Andrés Idárraga, flamante secretario de Transparencia de la Presidencia, tan imprudente como su jefe.
El cuestionado secretario de Transparencia denunció penalmente al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, porque su entidad, previa licitación, adjudicó un contrato a la misma firma a la que se le ha montado una persecución visceral con ocasión del contrato para la expedición de pasaportes. Petro desconfía de esa compañía particular sin motivo conocido, salvo por sus odios personales y políticos, pero ha olvidado que esa poderosa empresa manejó con pulcritud y en paz las elecciones que lo hicieron senador, alcalde de Bogotá y hoy presidente. Le pesan más sus resentimientos.
El subalterno presidencial ejecutó la instrucción de bombardear la Registraduría con ocasión de un contrato que, a juzgar por lo divulgado, se ajustó a las prescripciones legales tanto en la convocatoria a la licitación como en su suscripción. El registrador ha explicado que el proceso de contratación cuestionado desde la oficina presidencial responde a un esfuerzo colectivo de 20 funcionarios expertos en elecciones, pero ajenos a los avatares de la contienda partidista. No advirtió Idárraga que más que poner en entredicho un contrato estatal, ha puesto en peligro la credibilidad de la máxima autoridad electoral y ha amenazado desde ya el proceso democrático de 2026, en el que se sabe que el gobierno se hará presente con su candidato propio, que ojalá no sea el mismo Petro.
Esta intervención tan desafortunada contra la Registraduría, orquestada desde la Casa de Nariño, incrementa y legitima las sospechas que se vienen tejiendo desde hace algún tiempo, en el sentido de que Petro pretende perpetuarse en el poder, bien él o en cuerpo ajeno. Con gestos menos agresivos empezaron Chávez y Maduro a apropiarse de las instancias electorales y judiciales de Venezuela.
El petrismo sabe que ese procedimiento totalitario ya lo inventaron en Venezuela. Por eso, nuestro camaleón, diletante y oportunista canciller Murillo, recibió con bombos y platillos en la COP16 a su colega venezolano, Yván Gil, quien irritó con sus declaraciones destempladas contra la líder opositora de su país, en las que con gran cinismo confirmó que nunca exhibirán las actas que el Gobierno colombiano exigió para reconocer el triunfo de Maduro, porque saben que acreditan el fraude del que se están lucrando. Y ante semejante confesión de Gil, Murillo guardó silencio cómplice, mientras Brasil y México dejaron sola a Colombia frente al tramposo de Maduro.
Pero allí no se detienen las extravagancias de estirpe madurista con las que Petro suele sorprendernos. En efecto, el presidente difundió en su cuenta Twitter un mensaje –redactado con los pies– en el que sostuvo: “Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal, las mentalidades Nazis (sic) han gobernado ya a Colombia. La revolución en marcha está devuelta (sic) y lo que necesita es más liberalismo”. Trino arbitrario, por decir lo menos. Y más aún cuando esa diatriba se propaló en la antesala de la convención liberal de esta semana.
Petro tiene derecho a que no le guste César Gaviria –como nos pasa a muchos liberales que quedamos marginados de ese partido por sus posturas excluyentes ejecutadas con el beneplácito del amargoso Héctor Riveros–, pero utilizar el podio presidencial para interferir en una colectividad ajena a la suya amenaza la democracia. Nada tiene que opinar, sugerir o interpretar quien sea presidente sobre el pasado, presente y futuro del liberalismo, ni de ningún otro partido. Si los liberales decidieron en medio de reyertas y como marchantas incurrir en el imborrable yerro de ratificar a Gaviria como su director, ese no es problema del Gobierno. Ya el tiempo se encargará de sepultar los ímpetus dictatoriales del anciano jefe que se adueñó del otrora gran Partido Liberal.
Pasó lo que se temía, terminó la exitosa COP16 y tampoco se concretó el tal Acuerdo Nacional.
Adenda. La ministra Susana Muhamad, con una demanda temeraria contra la entidad que autorizó la ampliación de la Avenida Boyacá, pretende imponer su criterio de cómo tiene que desarrollarse o no la capital, pasando por encima del alcalde Galán. Déjenlo que se equivoque al menos haciendo, y no dejando de hacer, como el gobierno nacional.
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