En mi última columna sostuve que debíamos modificar la forma de elección de la Corte Constitucional (CC) por los pésimos resultados de las últimas designaciones, en especial, pero no exclusivamente, las de Héctor Carvajal y Carlos Camargo. El presidente Petro concluyó que la elección de Camargo y argumentaciones como la mía justificaban una constituyente. No estoy de acuerdo con esa tesis.
Mi columna fue cuidadosa en señalar que i) la elección de la CC es compleja en cualquier democracia porque requiere personas independientes y técnicamente idóneas, pero tiene una necesaria dimensión política; que ii) el diseño colombiano no es malo, pues busca combinar un filtro relativamente meritocrático en las ternas con una decisión más política en el Senado; que iii) hasta hace unos tres años ese mecanismo funcionó relativamente bien y permitió una CC respetable e independiente; pero que iv) lo sucedido en las últimas designaciones muestra que el mecanismo está fallando y debemos reformarlo. Y concluí que el debate que queda abierto es si necesitamos un cambio profundo o bastan ajustes puntuales.
Mi diagnóstico es que el sistema colapsó por la acumulación de tres factores: i) cinco elecciones en poco más de dos años, en ii) un país polarizado entre petrismo y antipetrismo, y con iii) unas cortes infortunadamente sensibles al nepotismo. Los distintos actores buscaron entonces ante todo tener fichas suyas en la CC y no magistrados independientes. Así, Petro, siguiendo la costumbre de algunos presidentes anteriores, hizo ternas para que fueran electos sus cercanos, y lo logró con Vladimir Fernández y Héctor Carvajal; los magistrados de la Corte Suprema cedieron al clientelismo de Camargo, que les había nombrado a muchos de ellos familiares en la Defensoría, y lo ternaron; algunos columnistas y periodistas estigmatizaron a los aspirantes que no les gustaban como petristas, como sucedió, sin ningún fundamento, con María Balanta, Miguel Polo o Lisneider Hinestrosa; y el debate en el Senado se volvió en varios casos una pura lucha entre Gobierno y oposición. En síntesis, quienes tenían responsabilidad en esas designaciones carecieron de visión de Estado de largo plazo y su falta de grandeza contaminó el proceso de elección y generó un riesgo de partidización de la CC.
Estoy convencido de que esos riesgos pueden reducirse, sin alterar radicalmente el actual sistema, con reformas puntuales pero significativas. Por límites de espacio, en esta columna me limito a proponer tres. Primero, deberíamos establecer una regla clara de paridad de género en la CC. Segundo, debemos evitar una concentración de demasiados cambios en la CC en un periodo de solo uno o dos años. Esto es técnicamente fácil: basta señalar que la CC se renovará en forma parcial y escalonada cada cierto tiempo, como ocurre en otros países (España, por ejemplo). Se podría establecer que el periodo de los magistrados sea institucional y de nueve años, y que cada año se elija a uno. Tercero, deberíamos hacer más transparente todo el proceso, para lo cual deberíamos establecer que la votación, tanto en las cortes como en el Senado, sean públicas y nominales y que los nominadores justifiquen su decisión. Esto permitiría un mayor control ciudadano y reduciría las componendas nepotistas. Por ejemplo, hoy sabríamos cuáles magistrados y senadores con familiares en la Defensoría votaron por Camargo.
Estos ajustes no son la panacea, pero junto con otros que fortalezcan la dimensión meritocrática de las ternas, pueden mejorar significativamente la designación de los integrantes de la CC sin necesidad de embarcarnos en riesgosas constituyentes. La experiencia comparada muestra que las reformas drásticas y precipitadas en el nombramiento de jueces son riesgosas, como lo evidencia México con su disparatada elección popular de jueces o la captura del sistema judicial por Bukele o Maduro. Los ajustes puntuales, aunque parezcan modestos, no tienen esos riesgos y pueden ser suficientes.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
