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La crisis humanitaria que vive el Catatumbo, desencadenada por la arremetida criminal del ELN, requiere ciertas medidas urgentes tanto humanitarias como de seguridad. Pero estas violencias, a pesar de que impresionan por su intensidad (más de 30.000 desplazados y decenas de muertos), en realidad no sorprenden ya que responden tanto a factores estructurales como a defectos de la política pública, incluida la de Paz Total de este gobierno. Son necesarias entonces reflexiones que vayan más allá de la coyuntura. En esta columna propongo tres.
La primera es ética: quienes defendemos la búsqueda de acuerdos de paz con el ELN y otros actores armados debemos ser los primeros en condenar inequívocamente sus acciones atroces. Es muy difícil, casi imposible, adelantar negociaciones con grupos que persisten en semejantes atrocidades y tratan de justificarlas.
La segunda es sobre la respuesta a esta crisis. Una de las primeras reacciones del presidente fue un trino en que anunciaba que declararía tanto el estado de conmoción interior como el estado de emergencia económica. Ambos al tiempo.
Nadie niega la gravedad de la situación, pero los estados de excepción siempre son riesgosos para la democracia, pues permiten limitar derechos fundamentales y afectan la separación de poderes al darle al presidente la facultad de promulgar decretos con fuerza de ley. Por eso, como lo ha señalado la Corte Constitucional en múltiples sentencias, no basta que exista una situación grave para que sea legítimo recurrir a un estado de excepción: el gobierno debe superar el llamado “requisito de suficiencia”, que consiste en mostrar que los instrumentos ordinarios de gobierno no permiten enfrentar la crisis y por ello son necesarias medidas de excepción. Y Petro no explicó en esos trinos por qué era necesario recurrir a los dos estados de excepción para enfrentar las violencias del Catatumbo.
Con esta precipitada reacción de Petro cayó en una perversa tradición de la Constitución de 1886 que creíamos superada: la tentación de responder a toda crisis con el estado de sitio, que incrementaba el poder presidencial sin lograr realmente resolver los problemas, que en general requerían medidas más meditadas y de largo aliento, en vez de atropellados decretos de emergencia.
Afortunadamente, el Gobierno moderó ulteriormente su posición y el viernes 24, con el decreto 062 de 2025, declaró el estado de conmoción interior sólo en la región de Catatumbo y Cúcuta, una medida que suena más razonable pero que no pude examinar en esta columna, que terminé cuando ese decreto acababa de ser promulgado.
Esto me lleva a la tercera reflexión, que es sobre la Paz Total. Defendí a finales de 2022 que, dada la persistencia de varios actores armados en Colombia y la mutación de las violencias, la paz total podría ser una estrategia válida. Sin embargo, varios señalamos desde ese entonces que infortunadamente, a pesar de lo sugestivo de la expresión, la Paz Total era una política llena de vacíos y ambigüedades. A dos años y medio de gobierno, la cosa es peor: no sólo los resultados de la Paz Total son pobres, sino que su ambigüedad es tan grande que ni siquiera contamos con un documento que nos explique realmente en qué consiste esa estrategia.
Es pues el momento de que el Gobierno reexamine a fondo la Paz Total, aclare su alcance y corrija sus defectos; y, sobre todo, es indispensable que articule la Paz Total a la política de seguridad, que debe ser fortalecida. Sin una estrategia de seguridad robusta en los territorios, parece imposible lograr acuerdos viables con los grupos armados.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
