Defendiendo el derecho a defender derechos

Uno de los fenómenos más terribles y dolorosos en Colombia es la matazón de líderes sociales que, aunque se redujo en el primer año de gobierno de Petro, persiste a niveles horrorosos desde hace varios años.

Cada uno de esos asesinatos es ya una lamentable tragedia humana, pero representa igualmente una gravísima afectación a la democracia. La violencia contra un líder social no solo viola sus derechos a la vida y la integridad, sino que también atenta contra el derecho a defender derechos que estos líderes encarnan y que está en el corazón de la democracia.

Esta violencia atroz, que erosiona nuestra democracia, debería entonces conmovernos y movilizarnos, y su combate debería ser una prioridad del Estado. Desafortunadamente no es así: hace algunos años hubo algunas marchas y protestas contra esta violencia, pero ahora los asesinatos continúan frente a una desoladora indiferencia ciudadana. Por su parte, todos los gobiernos recientes (Santos, Duque y Petro) y todos los fiscales (el actual y los anteriores) han demostrado ser incapaces o no tener la voluntad de enfrentar adecuadamente estas atrocidades.

Una luz de esperanza en este doloroso contexto es la sentencia SU-546/23 de la Corte, que declaró esta semana un “estado de cosas inconstitucional” por la “grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos” y la insuficiencia de las respuestas del gobierno y de la Fiscalía frente a estas atrocidades. Esta decisión surge de una acción de tutela presentada en diciembre de 2019 por 20 líderes sociales de distintas regiones del país, con el apoyo de movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales está Dejusticia.

Esta sentencia unánime es de una enorme importancia, al menos por tres razones.

Primero, porque reconoce y desarrolla el contenido del “derecho a defender derechos”, con lo cual resalta la trascendencia de los líderes sociales cuya integridad y labor deben ser protegidas por todas las autoridades. Frente a esta violencia, dice la Corte, “la indolencia, el silencio o la negligencia no son admisibles”.

Segundo, porque es un regaño fuerte y necesario a las autoridades por no haber estado a la altura del desafío. En particular, la Corte le reclama a este gobierno y a los anteriores por la desarticulación e ineficacia de sus estrategias para garantizar la labor de los líderes. A la Fiscalía, la Corte le reclama que no mostró “investigaciones diligentes transparentes y oportunas para identificar a los autores determinadores y materiales de los delitos” ni “ofreció estadísticas ciertas” sobre el esclarecimiento de estos crímenes.

Tercero, porque la sentencia adopta órdenes estructurales, que podrían ayudar a que la situación mejore. Por ejemplo, le ordena al gobierno adoptar un plan integral que supere las desarticulaciones e ineficiencias de su actual política. Por su parte, le exige a la Fiscalía la reingeniería de su estrategia de investigación a fin de que no se limite a judicializar a los autores materiales, sino que esclarezca quiénes son los determinadores y cuáles son las estructuras criminales detrás de estas violencias. Y que periódicamente rinda informes transparentes sobre los avances de estas investigaciones.

Esta sentencia no va a eliminar mágicamente esta matazón de líderes sociales, la cual responde a causas complejas y es difícil de enfrentar. Pero representa una oportunidad de oro para que esta tragedia vuelva a estar en el centro de las preocupaciones nacionales para que, como lo propuso una columna reciente de Gutiérrez Sanín, la reducción drástica de la violencia contra líderes sociales se convierta en un propósito nacional para el próximo año.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.