El “bicentenario” de la Procuraduría

El procurador Gregorio Eljach logró que el pasado martes el Congreso le aprobara la ley que crea su inconstitucional y costosa “Universidad del Ministerio Público” sin que hubiera ningún estudio sobre la viabilidad financiera y académica de este invento. Pero quiere más: ahora busca que este martes le aprueben otro proyecto que presentó (PL 122 de 2025 del Senado) y que también ha avanzado a gran velocidad en las cámaras: el que le permitiría celebrar el bicentenario de la Procuraduría.

Este proyecto parece inocente: ¿qué de malo tiene festejar el bicentenario de una institución como la Procuraduría? Sin embargo, hay al menos tres problemas.

Primer problema: como lo señalé brevemente en mi anterior columna, la Procuraduría no está cumpliendo 200 años, contrariamente a lo sostenido por Eljach al presentar el proyecto, cuando literalmente dijo que su propósito era “conmemorar los doscientos años de existencia de la Procuraduría”. El argumento de Eljach en la exposición de motivos del proyecto, retomado casi sin cambios en las ponencias en las cámaras, es que esa institución estaría a cinco años de cumplir 200 años de existencia, pues fue fundada en 1830. Y es cierto que fue creada ese año, pero lo que Eljach desestima es que en 1832 la Procuraduría fue suprimida y sólo fue reestablecida por la Constitución de 1853. Esto significa que la ley del bicentenario de la Procuraduría sería para celebrar, si se aprueba este martes, sus 174 años: una extraña efemérides.

No se necesita ser un gran investigador para verificar este dato: basta consultar un documento sobre la “Historia de la Procuraduría” que se encuentra en la propia página web de la entidad y que muestra su supresión en las constituciones de 1832 y 1843.

Segundo problema: esta celebración se haría en un momento en que la existencia misma de la Procuraduría ha sido cuestionada severamente por cuanto, en forma costosa, duplica las funciones de otras entidades, lo cual enreda el funcionamiento del Estado. Y que además se ha prestado a abusos por cuanto permite que el procurador, sin garantías judiciales, inhabilite a personas por muchos años o destituya funcionarios electos popularmente. ¿No sería entonces mejor que Eljach y el Congreso estuvieran debatiendo qué hacer con la Procuraduría, en vez de andar celebrando los 174 años de una entidad cuya existencia misma está en cuestión?

Tercer problema (y tal vez el más grave): los costos de esa celebración serían enormes debido a que el proyecto prevé la creación de un museo en Bogotá pero con subsedes regionales en varias ciudades, la construcción de monumentos conmemorativos, el otorgamiento de becas e incluso la construcción, antes de 2030, de una nueva sede para la entidad: la “Casa del Bicentenario de la Procuraduría” (que debería llamarse: la Casa de los 174 años de la Procuraduría). Todo esto cuesta miles de millones de pesos y, al fin y al cabo, resulta paradójico: el procurador tiene constitucionalmente el deber de defender los intereses de la sociedad, lo cual implica que procure cuidar los recursos públicos. Por eso va en contravía de sus deberes constitucionales que en estas épocas de agudas restricciones fiscales, cuando la prestigiosa Universidad de Antioquia está al borde del cierre por falta de financiación y el Ministerio del Deporte y la Defensoría del Pueblo han visto sus recursos dramáticamente reducidos, Eljach haya usado todas sus influencias para que le incrementen en 600.000 millones de pesos el presupuesto de la Procuraduría a fin de poder financiar, con nuestra plata, sus celebraciones y su universidad.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.