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La suspensión del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por la Procuraduría ilustra un problema muy serio con los organismos de control: su tendencia a coadministrar y desconocer que el gobierno corresponde a los jefes de las entidades ejecutivas, quienes gozan de una cierta discrecionalidad o libertad para enfrentar problemas complejos.
La SAE recibió una gran parte de las acciones de la lucrativa empresa de servicios públicos de Barranquilla (la llamada Triple A), que fueron incautadas en un proceso de extinción de dominio. En noviembre de 2021, por un mecanismo expedito llamado “enajenación temprana”, la SAE vendió esas acciones por $565.000 millones a la empresa de alumbrado público de Barranquilla, hoy una sociedad de economía mixta, llamada K-Yena SAS.
Durante el gobierno Petro, varios funcionarios revisaron ese contrato, en especial el superintendente de Servicios Públicos, quien consideró que la venta habría sido hecha por un precio inusualmente bajo, por lo cual podría haber un grave detrimento al patrimonio público. Esas acciones podrían costar $1,9 billones, ocasionando pérdidas para el erario de $1,3 billones. Cifras mayores.
El presidente de la SAE tomó entonces la decisión de suspender la entrega de esas acciones a K-Yena SAS, mientras se aclaraba su precio real. Fue esencialmente por esa decisión que la Procuraduría le inició una investigación disciplinaria y lo suspendió de su cargo, con el siguiente argumento: que al no entregar las acciones, Rojas incumplió el contrato con K-Yena, lo cual podría activar la cláusula penal de $59.000 millones y provocar a la SAE un detrimento patrimonial por esa suma.
Nótese el dilema en que estaba Rojas: si cumplía el contrato y entregaba las acciones, entonces podrían acusarlo de detrimento patrimonial por $1,3 billones, pues tenía información de que el precio había sido muy bajo. Pero como paró esa entrega e invitó a una reunión a K-Yena para discutir el tema, lo suspenden por supuesto detrimento patrimonial por la posible cláusula penal de $59.000 millones.
Uno puede discrepar de la decisión de Rojas y considerar que debió entregar las acciones y al mismo tiempo recurrír a los mecanismos judiciales o arbitrales para cuestionar la enajenación temprana. Pero subsistía el riesgo de que el negocio no pudiera ser revertido a tiempo y la pérdida billonaria para el Estado se consolidara. Por eso la decisión del presidente de la SAE, aunque debatible, no fue arbitraria, pues asumía el riesgo de la cláusula penal de $59.000 millones, pero con la posibilidad de salvar $1,3 billones. La decisión de suspenderlo carece entonces de fundamento ya que en el fondo la Procuraduría ha querido imponerle a la SAE cómo manejar los avatares de este contrato, con lo cual desconoció la discrecionalidad que Rojas tenía para enfrentar esta compleja situación en una forma distinta a la pretendida por la Procuraduría.
Este caso ilustra los riesgos de que los organismos de control caigan en la tentación de coadministrar y de imponer sus criterios a las administraciones, lo cual además se presta a la instrumentación política de esas instancias de control. Y por eso las sospechas fundadas de muchos sobre las verdaderas motivaciones de la Procuraduría en esta actuación, debido a la cercanía de la procuradora a los Char y a la Alcaldía de Barranquilla, grandes beneficiarios de la suspensión de Rojas.
P. D. Muy triste la prematura muerte del compadre y querido compañero de la universidad César Humberto Sierra. Lo extrañaremos mucho. Abrazos enormes a toda su familia y especialmente a sus hijas, María Alejandra y Ximena.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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