En estos días se cumplieron cinco años de la muerte de Antonio Caballero, uno de mis columnistas y escritores preferidos. Mi forma de celebrarlo es recurriendo a una ironía suya, recordada por su hija Isabel: Caballero decía que en el fondo él siempre escribía la misma columna, una y otra vez. Y la razón no era su falta de ingenio o creatividad, que le sobraban, sino que nuestros pesares (como nuestras guerras o corrupciones) no desaparecen, sino que persisten o vuelven en un eterno retorno.
A veces siento que me pasa lo mismo: existen temas sobre los que, como Caballero (aunque sin su agudeza y destreza literaria), vuelvo periódicamente en mis columnas y lo hago para plantear prácticamente las mismas tesis: por ejemplo, para defender el Estado de derecho frente a recurrentes amenazas autoritarias de izquierda o derecha, o para criticar la absurda guerra contra las drogas.
Otro de mis temas recurrentes es la defensa de la reforma agraria (RA) en Colombia y hoy me resulta inevitable volver a él. La razón es obvia: todo indica que el gobierno de De la Espriella pretende no sólo abandonar la RA, sino que incluso busca suprimir del lenguaje público cualquier referencia a la expresión “reforma agraria” o a la palabra “campesino”, como lo critiqué en mi última columna. A lo Caballero, publico hoy la misma columna que he escrito varias veces en estos años en defensa de la RA.
La primera razón a favor de la RA es porque permite saldar una deuda de justicia con el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que han sufrido discriminaciones y violencias agudas. La RA, al favorecer el acceso a la tierra y proteger los territorios de estas poblaciones, ampara sus formas de vida y sus culturas y les permite satisfacer mejor sus necesidades y ejercer vigorosamente sus derechos.
La segunda es porque la RA no sólo beneficia a las poblaciones rurales discriminadas sino a la sociedad en su conjunto, como creo haberlo mostrado en columnas previas, con evidencias académicas sólidas. Al menos las siguientes cuatro razones sustentan esa tesis: i) la RA permite un desarrollo más robusto e incluyente, pues la producción agraria mejora y un campesinado con más ingresos estimula el mercado interno; ii) la RA fortalece la democracia: debilita el poder de los terratenientes rentistas, que suelen favorecer opciones políticas autoritarias, como lo mostró Barrington Moore en su clásico libro Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, a diferencia de los empresarios agrícolas modernos, que pueden tener otras visiones más democráticas. A su vez, un campesinado con tierra y buen nivel de vida tiende a apoyar el sistema democrático. La RA también iii) puede convertirse en un buen instrumento para enfrentar el cambio climático: con los apoyos financieros y jurídicos apropiados, permitiría consolidar producciones agrarias sostenibles, como la agroecología. Finalmente, y más específico para Colombia, iv) la RA favorece la paz y la seguridad, ya que no sólo elimina la injusticia agraria que ha alimentado nuestras guerras, sino que fortalece la presencia estatal en los territorios.
Por todo ello, el abandono de la RA sería una especie de nuevo “chicoralazo”, que es la denominación dada al Pacto de Chicoral, ese infausto acuerdo de 1972 entre el Gobierno y los terratenientes que frenó brutalmente la RA y que no sólo fue injusto con el campesinado, sino que representó un grave error político de nuestras élites. Colombia desperdició una gran oportunidad para fortalecer la democracia, lograr un desarrollo más dinámico e incluyente y evitar décadas de conflicto armado.
Por eso, en vez de pensar en erradicar al campesinado y la RA, el gobierno debería seguir al maestro Jorge Velosa y recordar sus profundos versos: "Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir".
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.