Borrar al campesinado

Primero, porque la palabra no es despectiva. Lo prueban varias encuestas del DANE en las cuales más del 25 % de la población colombiana mayor de 15 años (más de 11 millones de personas) se identifica como campesina. Si fuera tan despectiva la palabra, ¿por qué tantas personas se adhieren voluntariamente a esa identidad? El desprecio hacia lo campesino parece estar en el ministro y no en la palabra. 

Segundo, por sus implicaciones estadísticas. En 2018, las principales organizaciones campesinas, con el apoyo de Dejusticia, presentaron una tutela para que la realidad del campesinado fuera incorporada en las mediciones del DANE. El lema de la iniciativa era: “Para que el campesinado cuente tiene que ser contado”. La Corte Suprema les dio la razón en la sentencia STP2028-2018 y cesó la invisibilidad estadística del campesinado, pero esta podría retornar: si el campesinado ya no puede ser nombrado, ¿cómo va a medir su situación el DANE? 

Tercero, porque es jurídicamente inaceptable: el artículo 64 de la Constitución explícitamente reconoce al campesinado como un sujeto de derechos, de especial protección constitucional, y ordena que haya un trazador presupuestal, que es un instrumento técnico para medir los esfuerzos fiscales del Estado para asegurar los derechos del campesinado. Por su parte, Naciones Unidas adoptó en 2018 la Declaración de los derechos de los Campesinos, en donde los reconoce como sujetos de derechos. ¿Cómo va entonces el gobierno a suprimir una palabra, un concepto y un trazador presupuestal que tienen explícito sustento jurídico? 

Cuarto, porque es un error conceptual. La Constitución, la Declaración de Naciones Unidas y un concepto elaborado para el ICANH por expertos en el tema coinciden en que el campesinado es un sujeto de derechos que tiene múltiples dimensiones: productiva, territorial, ambiental, cultural y organizativa. El gobierno pretende desconocer la calidad de sujeto de derechos del campesinado y la riqueza multidimensional de su mundo pues lo reduce a una unidad productiva definida por su tamaño: pequeño empresario. 

Quinto, porque es una injusticia en términos de memoria: la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad mostró que el campesinado ha sido la principal víctima de nuestro conflicto armado. Borrar la palabra es intentar eliminar esa victimización masiva sufrida por el campesinado. 

Sexto, por su impacto político: borrar al campesinado del lenguaje es desconocer que es un sujeto de derechos que amerita una especial protección en las políticas agrarias. El riesgo (¿o el propósito?) es acabar la reforma agraria, prevista en el Acuerdo de Paz e impulsada por el anterior gobierno, para volver al sesgo anticampesino que han solido tener las políticas agrarias. No es entonces casual que esta declaración del ministro coincida con una estrategia comunicativa del gobierno, revelada por La Silla Vacía, que ordena a sus funcionarios abstenerse de hablar, no sólo de “campesinos”, sino también de “reforma agraria”. 

Podríamos estar volviendo a la injusticia del Pacto de Chicoral de 1972, que bloqueó la reforma agraria y avivó el conflicto armado. 

Adenda. Muy triste la prematura muerte de Liliana Caballero. Colombia pierde a una gran persona y a una servidora pública ejemplar. A ella debemos muchos avances significativos en la función pública. Toda mi solidaridad con su familia y sus más cercanos. 

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.