Ni jugaditas ni maromas: discrepancias

El exrector Moisés Wasserman trinó que dolían mis “maromas en el aire” para que se incumplan las dos sentencias del Consejo de Estado (CE) sobre la Universidad Nacional (UNAL). Por su parte, la profesora Edna Bonilla escribió un artículo en que aparezco como una especie de autor intelectual de las “jugaditas” que se habrían hecho en esa dirección.

Ambos colegas, en el fondo, suponen que las dos sentencias implican que Ismael Peña se convierte automáticamente en rector de la UNAL y que así debe reconocerlo el Consejo Superior Universitario (CSU). Mi tesis, planteada en mi última columna y desarrollada más sistemáticamente en La Silla Vacía, es distinta: sostengo que las sentencias deben ser cumplidas, pero que el restablecimiento de Peña en la rectoría no fue ordenado por ninguna de ellas y que, por ello, el CSU no puede reconocerlo como rector porque esto equivaldría a una elección nueva sin consulta a la comunidad académica, la cual es exigida por el estatuto de la UNAL. La mejor alternativa es entonces iniciar un proceso de elección de nuevo rector.

No tiene sentido responder a Wasserman, pues me descalifica pero no argumenta. Bonilla, en cambio, plantea cuatro objeciones para refutar mi tesis, pero ninguna es sólida.

Primero, sostiene que el “acto que designó al profesor Peña nunca perdió vigencia”. Esto no es cierto. Claro que perdió vigencia y por eso Peña dejó de ser rector en junio de 2024, cuando el CSU dejó sin piso la sesión en que este fue electo y procedió a elegir a Múnera. Es cierto que el CE invalidó la elección de Múnera y declaró válida la de Peña, pero eso no significa que automáticamente la de Peña recupere vigencia.

Bonilla confunde tres conceptos jurídicos básicos: validez (compatibilidad con normas superiores), vigencia (pertenencia al sistema jurídico) y eficacia (capacidad de producir efectos). Que un juez declare inválido el acto jurídico A, que había expulsado del ordenamiento un acto jurídico previo B, no le hace recuperar automáticamente vigencia al acto B. Eso depende de la naturaleza del proceso y de sus efectos. Y las sentencias señalaron que, por tratarse de una “nulidad electoral” y no de una “nulidad y restablecimiento”, las decisiones no implicaban el restablecimiento de Peña. Esto, por lo demás, deja sin piso la cuarta objeción de Bonilla, quien dice que el CE validó la elección de Peña. Eso es cierto, pero el CE expresamente dijo que esto no implicaba su restablecimiento como rector.

La segunda objeción es pobre: que el CSU no puede declarar la vacancia de la rectoría. Claro que puede hacerlo. O ¿qué debe hacer, por ejemplo, frente a la renuncia irrevocable de un rector o su muerte? Y como no hay rector, pues Múnera renunció y Peña no ha sido reestablecido, era inevitable declarar la vacancia y nombrar un rector encargado.

La objeción restante, la tercera, es política: Bonilla considera que iniciar un proceso de elección de rector profundizaría la polarización, que es una posición respetable. Sin embargo, ¿no será aún más polarizante intentar imponer a Peña, a pesar de que las sentencias no ordenaron su restablecimiento?

Yo he reconocido que este tema es discutible y puede haber discrepancias, pues no existen precedentes sobre un caso igual. Pero mis consideraciones distan de ser leguleyadas: tienen que ver con un tema clave, que es el efecto de una sentencia para poder cumplirla bien. Por eso debemos calmarnos y esperar si el propio CE, frente a las solicitudes de aclaración hechas por algunos demandantes y por el Ministerio de Educación, precisa las implicaciones de estas sentencias, en vez de plantear, como lo hace Bonilla siguiendo las posiciones expresadas por Peña, que los integrantes del CSU podrían estar incurriendo en delitos como prevaricato o usurpación de funciones por cuanto el lunes pasado aceptaron la renuncia de Múnera y nombraron a un rector encargado. Que discrepemos no convierte a quienes no apoyan nuestra argumentación en unos tramposos o unos delincuentes. Debatamos con altura.

P. D. Obviamente todo mi rechazo a las amenazas al profesor Ismael Peña.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.