Estas elecciones mostraron que nuestra democracia es, en ciertos aspectos, sólida, pero que tiene también defectos profundos y enfrenta riesgos no menores, incluso existenciales.
Las elecciones, a pesar de haber sido muy tensas y divisivas, transcurrieron en calma y la participación creció a 63 %, un récord en Colombia. En menos de dos horas supimos que el ganador era Abelardo de la Espriella (ADLE), gracias al preconteo no oficial, el cual coincidió casi totalmente (en 99,997%) con el resultado oficial del escrutinio, que fue también rápido: menos de cuatro días. Esto muestra la importancia de defender la independencia de la Registraduría, que fue ganadora indiscutible en esta contienda electoral.
El candidato perdedor, Iván Cepeda, en clara actitud democrática, aceptó inmediatamente el preconteo como resultado no oficial y luego, en pocos días, acató el escrutinio, a pesar de que la victoria de ADLE fue muy estrecha: menos de 1 %. Finalmente, el presidente Petro, a pesar de sus largos y contradictorios trinos, parece haber aceptado el triunfo de ADLE y ha anunciado (aunque no con la claridad deseable) que habrá empalme con el nuevo presidente.
Todo esto indica que el 7 de agosto habrá una transferencia del poder tranquila de un gobierno de izquierda a uno de derecha, luego de que en 2022 hubo una alternancia en sentido contrario. Comparen estos cambios de gobierno pacíficos con las asonadas que ocurrieron en Estados Unidos y Brasil para evitarlos.
Nuestras fortalezas democráticas deben ser valoradas y defendidas, pero no deben ocultar nuestros graves déficits y los riesgos que enfrentamos. La abstención sigue siendo muy alta, a pesar del incremento de la participación. Violando la prohibición constitucional, la intervención en política del presidente Petro a favor de Cepeda fue evidente, así como lo fue la de algunos alcaldes de la oposición (como el de Medellín) que favorecieron a ADLE. Hubo igualmente denuncias creíbles de la persistencia de compras de votos o de constreñimiento al elector, aunque la tesis de periodistas irresponsables, como Luis Carlos Vélez, de que un supuesto voto fusil es el que explica el apoyo a Cepeda carece de cualquier sustento empírico, como lo mostró con rigor estadístico el profesor de los Andes Michael Weintraub y le respondió acertadamente a Vélez Tomás Uribe Moreno, a quien nadie puede acusar de simpatizante de Cepeda. El Consejo Nacional Electoral (CNE), como era de esperarse por su dependencia de los partidos, no fue un árbitro creíble de las controversias electorales: por ejemplo, su decisión de impedir a Cepeda participar en la consulta de marzo fue sesgada.
Todo esto muestra que nuestras elecciones distan de ser perfectas, por lo cual, como lo destacó en su última columna Elisabeth Ungar, gran especialista en el tema, es urgente una reforma electoral que, entre otras cosas, despolitice el CNE.
Fuera de esos defectos, nuestra democracia enfrenta graves riesgos con la llegada al poder de ADLE. A pesar de que ha dicho que respetará la Constitución y de que su discurso de victoria tuvo mensajes tranquilizadores, hago parte de quienes somos muy escépticos frente a esas promesas: en columnas previas mostré los peligros que representa ADLE para nuestra democracia constitucional, por varias de sus propuestas inconstitucionales y por sus actitudes y afirmaciones muy agresivas contra la izquierda y la prensa. Ojalá me equivoque y el ADLE que gobierne no sea el que amenazó destripar a la izquierda, sino el que dijo en el discurso de victoria que sería el presidente de todos los colombianos y que no perseguiría a sus opositores. Una forma de hacer más creíbles esas promesas sería que ADLE, ya electo, renuncie a su ciudadanía estadounidense: muchos seguimos considerando que, por las graves implicaciones del juramento de nacionalización en ese país, la doble nacionalidad estadounidense es materialmente incompatible con la función presidencial en Colombia.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
