La elección de Petro y Francia es histórica por donde se le mire. Elegimos un presidente de izquierda, en un país en que varios candidatos progresistas fueron asesinados. Una lideresa negra, de origen popular, es electa vicepresidenta en un país machista, racista y clasista y en el que centenares de líderes sociales han sido asesinados. La participación electoral superó el 58 %, cifra récord, que indica que muchos de quienes protestaron en las calles decidieron canalizar sus demandas electoralmente. El establecimiento y las otras fuerzas políticas han aceptado el resultado, con lo cual el nuevo gobierno podrá posesionarse sin mayores traumatismos.
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Esta elección histórica debe entonces ser puesta en una perspectiva más amplia, mostrando su profunda conexión con la Constitución de 1991.
Esta constitución sigue siendo uno de los avances más trascendentales de nuestra historia. En uno de nuestros peores momentos de violencia, fuerzas anteriormente enfrentadas lograron un pacto de ampliación democrática. Esta joven constitución transformadora, a pesar de algunas contrarreformas, ha logrado además arraigo ciudadano y una “revolución de los derechos”, como la llamaba nuestro recordado Juan Jaramillo. Por eso, a pesar de sus defectos, es un marco jurídico difícil de superar para profundizar la democracia.
Sin embargo varias de las promesas de la Constitución no han podido materializarse: es un pacto de paz, pero el conflicto armado persistió; le apostó a la igualdad social, pero nuestra insultante desigualdad se mantuvo; promovió una participación más vigorosa, pero esta, aunque mejoró, siguió débil.
Tres hechos claves ocurridos en los últimos años están generando dinámicas democráticas que permitirían superar esas promesas incumplidas: i) el acuerdo paz que, a pesar de sus problemas de implementación, abre la vía a una paz integral; ii) las protestas sociales y la alta participación electoral que muestran a una ciudadanía movilizada; y iii) la elección de Petro y Francia con una agenda de transformación social para reducir las desigualdades y la exclusión.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad de oro para lograr que esos procesos se retroalimenten y profundicemos el accidentado ciclo de democratización iniciado por la Constitución. Pero para eso es necesario que la transformación social se haga en el marco de la Constitución y el nuevo gobierno supere las divisiones expresadas en las elecciones. Por eso la importancia del acuerdo nacional impulsado por Petro.
Un elemento clave de ese acuerdo nacional debe ser la superación de los atavismos presidencialistas, que aún nos acechan y por eso un punto ineludible de ese acuerdo es un compromiso de no abusar de los estados de excepción.
La mentalidad de que sólo se puede gobernar por decreto y en estado de sitio fue uno de los peores legados de la vieja Constitución de 1886, que parcialmente hemos superado gracias a la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte. Pero ese avance está amenazado por el abuso de la excepcionalidad durante el gobierno Duque y el anuncio de casi todos los candidatos de que una de sus primeras medidas, de ser elegidos, sería declarar un estado de excepción. Petro también lo hizo pues dijo que el hambre requería un “estado de emergencia”. Eso no es cierto y es inconstitucional, como lo mostré en una columna previa. El hambre y la crisis social requieren medidas urgentes pero fruto de acuerdos democráticos y no de decretazos inconstitucionales. Ojalá Petro asuma el compromiso de no abusar de la excepcionalidad. Un país en paz, más igualitario, diverso y participativo no puede alcanzarse con el abuso de los poderes presidenciales de emergencia.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
