El terremoto del lunes y los terribles sufrimientos que está ocasionando suscitan sentimientos naturales de solidaridad. Los comparto y por ello creo que deberíamos buscar una cierta unidad nacional para apoyar a las víctimas y sus familias y mejorar la respuesta colectiva a la catástrofe. Quiero entonces comenzar esta columna expresando mi solidaridad con quienes están sufriendo; además, como tantos colombianos, he intentado aterrizar ese sentimiento en actos concretos de apoyo. Sin embargo, las catástrofes naturales tienen otros riesgos: los llamados a rodear a los gobiernos para enfrentar la calamidad corren el riesgo de silenciar graves violaciones a los derechos y al orden constitucional. Recordemos que la terrible tragedia de Armero en noviembre de 1985 sepultó durante un buen tiempo cualquier posibilidad de discutir seriamente qué había pasado en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia. Por eso creo que la solidaridad con las víctimas del terremoto no nos debe invisibilizar que posiblemente está ocurriendo un sacudón institucional, que puede terminar en un terremoto constitucional. La razón: la manera como Abelardo de la Espriella (ADLE), a pesar de haberse postulado en la campaña como un “patriota constitucional” que tenía una irrestricta “lealtad a la constitución”, ha incurrido en estos pocos días de gobierno en al menos tres flagrantes inconstitucionalidades.
Primera: la posesión de ADLE desconoció el carácter laico de nuestro Estado, que es un principio constitucional, según constante jurisprudencia de la Corte desde la sentencia C-350 de 1994, por cuanto incorporó en la ceremonia rituales religiosos; incluso un pastor puso a rezar a toda la audiencia. Nuestra laicidad es flexible, por lo que es admisible que existan algunos símbolos o expresiones religiosas en la esfera pública. Pero lo ocurrido en la posesión desbordó esos límites: desconoció la “especial prudencia” con la cual debe actuar todo alto funcionario, como lo recordó la sentencia T-124 de 2021.
Y esto sin hablar de otras graves irregularidades, como la escapada de ADLE para terminar la posesión en una guarnición militar, lo cual desconoció la naturaleza civil de ese acto. O que ADLE hubiera jurado lealtad a nuestra constitución, sin haber previamente renunciado a su nacionalidad estadounidense, a pesar de la radical incompatibilidad entre este juramento y el de nacionalización en ese país.
Segunda: la aceptación de que Estados Unidos pueda hacer operaciones militares conjuntas en Colombia que, por cierto, no fue anunciada por un funcionario de ADLE sino por el secretario de guerra de ese país, Pete Hegseth. Esta decisión viola los artículos 173 y 237 de la Constitución que exigen permiso del Senado y consulta previa al Consejo de Estado para que el gobierno pueda autorizar el paso de tropas extranjeras; con mayor razón esos permisos y consultas son necesarios para operaciones militares de otra nación en nuestro territorio.
Tercera: la decisión unilateral, anunciada en pleno terremoto por el canciller Bula, de que Colombia reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que son territorio sirio. Fuera de su inconveniencia para la paz en el medio oriente y para nuestra respetabilidad internacional, este acto viola el artículo 9 de nuestra Constitución porque va en contra de principios de derecho internacional reconocidos por Colombia, como el respeto a las Naciones Unidas y el rechazo a la anexión de territorios por la fuerza. Recordemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en varias resoluciones, y en especial en la 497 de 1981, declaró que los intentos de anexión por la fuerza de ese territorio por parte de Israel son nulos por violar el derecho internacional.
Las víctimas del terremoto y sus familias requieren de nuestra solidaridad efectiva, pero nuestra Constitución también necesita de nosotros: de nuestra vigilancia constante. Y las dos son cruciales en este momento.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
