Cipote déficit

El gobierno colombiano se está enterrando en un hueco fiscal de 7,8 % del PIB al promediar junio de 2025, el segundo más elevado en la historia del país. Es solo comparable al de 2020, en el pico de la pandemia del Covid-19.

La situación no ha pasado desapercibida para las calificadoras internacionales de riesgo: S&P Global Ratings ratifica la calificación crediticia de Colombia para moneda extranjera en BB+ perspectiva negativa y BBB- moneda local. Consideran que el gobierno será más cumplido con los inversionistas en dólares que los que operan en pesos.

El equivalente a 5.0 en nuestra escala escolar es para las calificadoras internacionales AAA, así que estamos a punto de rajarnos (“perspectiva negativa”) con un 3.0 pelado. Por su parte, Moody’s afirmó la calificación crediticia del país en Baa2, siendo el segundo nivel más bajo de grado de inversión; por último, Fitch Ratings reafirmó la calificación crediticia de Colombia en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa, o sea, considera que se ha incrementado el riesgo del país de no honrar sus obligaciones.

Según el periódico El Colombiano de Medellín, “la política fiscal (…) ha quedado como un barco sin ancla. Al invocar la cláusula de escape de la Regla Fiscal, el Gobierno busca tener un déficit fiscal más alto (…) con graves consecuencias para el nivel de deuda, y tasas de interés más altas para el sector público y privado”. En ocasiones extraordinarias, como la pandemia, el país pudo justificar grandes déficit fiscales ante el mundo, pero superada esta, logró ajustar sus finanzas y ponerlas en terreno positivo.

El Espectador editorializó en torno al desparpajo presidencial frente a los acreedores del país con el título “Violar la regla fiscal es una pésima idea”. En estos asuntos es poco inteligente dárselas de macho y desafiar al mundo. Agregaba el editorial: “tiene sentido querer ser responsable. Eso evita que se comprometa la estabilidad financiera, que nos presten dinero a tasas razonables y también que la inversión extranjera vea en Colombia un destino confiable”.

Es cierto que la administración Duque legó un serio desequilibrio fiscal, pero el gobierno de Petro no se ha comprometido con la estabilidad macroeconómica del país y, por el contrario, continuó gastando a raudales, endeudándose a tasas de interés cada vez más altas. De haber disfrutado de tasas de interés del 5 % hace dos años, hoy debe pagar cerca del 8 %, al percibirse un riesgo mayor, derivado de las políticas de gasto del presidente para alimentar los subsidios y pagos directos a sus seguidores quienes, agradecidos, lo vitorean en las plazas públicas de las ciudades de Colombia que visita.

La regla fiscal –a la que se han comprometido gobiernos anteriores y consiste en mantener un gasto moderado y una deuda pública que esté por debajo del 60 % del PIB– ha sido incumplida por la administración Petro y de qué manera. El déficit fiscal está disparado y la deuda pública supera el 61 % del PIB.

La sanidad macroeconómica exige apretarse el cinturón y reducir lo más que pueda el gasto público. Al invocar la cláusula de incumplimiento de la regla fiscal, el mensaje que interpretarán los mercados financieros es que el gobierno prefiere gastar en lugar de estabilizar sus finanzas. Esto hace que los prestamistas del país perciban mayor riesgo de no recuperar sus inversiones, lo cual desincentiva la llegada de más dólares al país y contribuye a devaluar el peso más de la cuenta. Hoy, por ejemplo, el dólar está a $ 4.190, mientras que en el resto del mundo, la divisa norteamericana se ha devaluado un 10 %.

Ante estas circunstancias, el Banco de la República deberá aumentar su tasa de interés para frenar la inflación y atraer más dólares que equilibren la tasa de cambio. Una consecuencia adicional es que se frenará el consumo y la inversión, que generalmente se apalancan con el crédito.