Recesión

Uno de los criterios más aceptados para caracterizar una recesión es la contracción de la actividad económica durante dos trimestres seguidos. Colombia entró en recesión al contraerse 0,4 % en el segundo trimestre y otro 0,3 % en el tercer trimestre, mientras que no hay políticas públicas vigorosas a la vista que actúen para contrarrestar la recesión.

Una de las causas de la recesión es la caída de las exportaciones del país, que se redujeron 15 % entre enero y septiembre de 2023, comparadas con el mismo período de 2022, siendo jalonadas por las de combustibles que cayeron 22 %. La displicencia del Gobierno y de la renunciada ministra de Minas Irene Vélez sobre la suerte del sector minero-energético pudo haber tenido algo que ver en el resultado. Recuérdese que saludaban el decrecimiento sectorial como un triunfo ambientalista.

Los sectores que más cayeron durante el tercer trimestre del año en curso fueron construcción (-8 %), manufactura (-6,2 %) y comercio (-3,5 %). Es obvio que la tasa de interés fijada por la Junta del Banco de la República les ha pegado con fuerza a los proyectos de construcción civiles, afectados también por la desaceleración de la economía. El gasto de la administración pública solo contribuyó 0,9 % al aumento del producto, lo que fue insuficiente para compensar las contracciones sectoriales.

Según Munir Jalil, “la caída de la inversión, asociada a disminuciones muy fuertes de construcción e infraestructura, está afectando de manera negativa el crecimiento económico”. Para este analista, la economía crecerá solo 1 % durante 2023 y un tris más en 2024.

En vez de emprender acciones contracíclicas contundentes, el presidente Petro culpó a la regla fiscal del decrecimiento. Sin embargo, la tal regla permite que el Gobierno aumente sus gastos en caso de que la economía desfallezca y, aun si se lo “prohibiera”, el Gobierno puede justificar la necesidad perentoria de hacerlo. La regla reza así: “El Gobierno Nacional podrá llevar a cabo programas de gasto, como política contracíclica, cuando se proyecte que en un año particular la tasa de crecimiento económico real estará dos puntos porcentuales o más por debajo de la tasa de crecimiento económico real de largo plazo”. La tasa de largo plazo es de 4 % anual, mientras el crecimiento de 2023 será una cuarta parte de la misma, así que no habría problema.

El Gobierno se plantea una inversión en infraestructura de $100 billones en cuatro años, incluidas cinco vías 5G. Se trata de proyectos muy ambiciosos que representan en total 8 % del PIB, cuya ejecución está en duda por los problemas que ha tenido el Gobierno para ordenar el gasto. La desconfianza frente al sector privado pone en duda la suerte de las concesiones y de los proyectos que iban a ser realizados por asociaciones público-privadas. Existen varios trayectos en preconstrucción por $17 billones, como el acceso Palmira-Cali y los corredores entre Puerto Salgar y Barrancabermeja. El discreto ministro de Transporte, William Camargo, anunció además inversiones para recuperar las vías férreas que poco han funcionado a lo largo de la historia del país.

La Corte Constitucional le asestó un duro golpe al presupuesto público al fallar a favor de las empresas petroleras el poder deducir las regalías de sus utilidades que son en verdad rentas que no tendrían por qué ser perdonadas de sus balances. Así, deja al Gobierno con menos recursos disponibles para sus planes de inversión en infraestructura, aunque fortalece a Ecopetrol.