1 Aug 2021 - 5:30 a. m.

Son corruptos, no correctos

Yohir Akerman

Yohir Akerman

Columnista

El 19 de agosto de 2014, el gobernador del departamento de Santander en ese momento, Richard Alfonso Aguilar Villa, lanzó en conjunto con su coterráneo Alejandro Ordóñez, en ese entonces procurador general de la Nación, una campaña de transparencia, financiada por el Ministerio Público, llamada “Cultura de la legalidad y la integridad: soy correcto, no corrupto”.

El chiste se cuenta solo.

En primera medida, porque el hoy embajador ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue destituido de la Procuraduría en septiembre de 2016 por el Consejo de Estado porque se comprobó que su elección para ese cargo se logró de manera fraudulenta. En segundo lugar, porque la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva del ahora senador Richard Aguilar, por presunta corrupción cuando fue gobernador de Santander.

Pero no son los únicos presuntos corruptos, y no correctos, envueltos en esta historia.

Para contar esta historia no se puede empezar por otro lado que por el inicio. Como es conocido, el padre de Aguilar Villa es el señor Hugo Aguilar Naranjo. Un excoronel de la Policía que se volvió gobernador de Santander y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Mal inicio.

La justicia demostró que Aguilar Naranjo llegó a la Gobernación con el apoyo del Bloque Central Bolívar, gracias a testimonios de exparamilitares como Salvatore Mancuso y otros. “Hugo Aguilar Naranjo promovió y colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia y puso su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal”, establece la sanción disciplinaria que lo inhabilitó para hacer política por veinte años.

Eso no le ha imposibilitado hacer política en tercera persona. Mauricio Aguilar es el actual gobernador de Santander; Richard, su hermano, fue gobernador entre 2012 y 2015, mientras que el padre, el señor Hugo Aguilar, lo fue entre 2004 y 2007.

Un negocito familiar.

Sigamos por Mauricio. El actual gobernador de Santander fue candidato al Senado por el Partido de Integración Nacional (PIN), movimiento político investigado y protagonista del escándalo conocido como la “parapolítica”, en el que se probó que varios de sus miembros fueron elegidos gracias al apoyo de los paramilitares.

Después de eso fue senador y ahora gobernador. Mauricio es el único de los tres Aguilar que actualmente no está en la cárcel. Pero hay que darle tiempo al tiempo, porque la justicia, aunque ha cojeado con el clan de los Aguilar, ahí va llegando.

Especialmente porque los tentáculos del clan Aguilar se han ido adueñando, poco a poco, de la política en Santander y, más preocupante aún, de sus recursos y su contratación.

Como lo denunció la periodista Cecilia Orozco Tascón, la gobernación de Mauricio Aguilar tiene contratado al abogado Iván Cancino desde agosto de 2020, con dos contratos diferentes: uno por $45 millones y otro por $50 millones. Cancino es el penalista que ahora se encarga de la defensa de su hermano Richard Aguilar. Puede que no haya nada malo en eso, pero sí queda la errada sensación de que la defensa de Richard se está pagando con recursos departamentales dados a dedo por su hermano Mauricio.

Por eso es mejor centrarnos en ese caso que tiene investigado a Richard Aguilar, puesto que involucra a otros familiares del clan Aguilar. Las presuntas irregularidades por las que se investiga al exgobernador, hermano del actual gobernador, ocurrieron en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015.

Los principales testigos del caso son dos personas que trabajaron en la Gobernación. La señora Claudia Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo, contratista de la gobernación.

Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía, luego de un relato de Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con un contrato por $15.000 millones para remodelar el estadio deportivo Alfonso López en marzo de 2015.

Como lo denunció en su momento el columnista de Vanguardia Miguel Ángel Pedraza, y posteriormente la directora del mismo diario, Diana Giraldo, la remodelación del estadio estuvo llena de sobrecostos e incumplimientos. La obra no se terminó y cuando se investigó fue el contratista quien develó la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación de Aguilar.

Según la evidencia, por una orden dada directamente por Aguilar, “se acordaron coimas por el 16% del valor del contrato, incluidas las adiciones que se hicieran durante la ejecución del mismo, porcentaje distribuido así: 10% para el gobernador Richard Aguilar, 3% para un señor llamado Julián Jaramillo y 3% para los esposos Toledo Pardo”. Esto para que el contrato quedara en manos de Octavio Reyes, quien aceptó entregar dineros por debajo de la mesa por más de $2.000 millones.

El señor mencionado es el empresario Julián Jaramillo Díaz, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa y director de Proyectos de Infraestructura en los años en cuestión. Según el relato de Claudia Toledo y Lenin Pardo, Jaramillo Díaz sería el encargado de dirigir el “combo de Infraestructura” para ajustar los pliegos de los procesos licitatorios a favor de los contratistas que ellos necesitaban que ganaran.

Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el carrusel de contratos en el Imebú, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, socio de Julián Jaramillo.

Como siempre, todo quedó en familia, como el otro contrato objeto de estudio.

El testimonio entregado por Claudia Toledo, en el que afirma que el exgobernador Aguilar Villa la presionó para que le adjudicara el corredor vial San Gil-Charalá-Límites a una empresa de un señor llamado Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, papá de Richard Aguilar.

La adjudicación no se pudo dar al primo, razón por la cual la Gobernación le dio un premio de consolación de un millonario contrato para construir el corredor Agroforestal, gracias a la intermediación de Aguilar Villa y el ajuste de los pliegos por parte de Julián Jaramillo y su “combo de infraestructura”. El contrato superó los $180.000 millones.

Una maravilla.

Todavía falta el juicio al senador Aguilar por estos hechos. Pero la evidencia que tiene la Corte Suprema en su contra es abrumadora. Como dijimos, para su defensa Aguilar se fue por el abogado penalista Iván Cancino, conocido por sus estrategias jurídicas para dilatar los procesos a punta excusas médicas y problemas de internet, como fue develado en esta columna el 23 de febrero de 2020. (Ver Diarrea).

Todo parece indicar que su primera jugada jurídica fue recomendar que el senador renunciara a su curul, como lo hacen todos los congresistas que tienen rabo de paja, para que su caso se remita a la Fiscalía y no sea juzgado por la Corte Suprema.

Este fenómeno ha venido creciendo desde cuando el expresidente e imputado Álvaro Uribe Vélez renunció a su investidura. Y por esa razón, como lo hemos visto en estos días, tiene el ente investigador a su favor por medio del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, mano derecha de Alejandro Ordóñez, coterráneo de Richard Aguilar y aliado en su campaña Soy corrupto, no correcto. Perdón, es al revés el titulo de la campaña, pero en este orden parece más atinado según los hechos que se vienen demostrando.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

Temas relacionados

Richard AguilarClan Aguilar
Comparte: