Y ahora, ¿quién podrá contratarnos?

Ya que analizamos en la columna pasada por qué el señor Carlos Ernesto Camargo Assis llegó por las razones equivocadas al cargo de defensor del Pueblo, ahora que ya lleva un rato ahí analicemos lo que ha hecho con la contratación desde que maneja la entidad.

Con los dineros públicos. El erario. Sus recursos y los míos.

Entre el 24 y el 26 de mayo de 2021, W Radio publicó una completa investigación que reveló que Camargo les ha entregado jugosos contratos a sus amigos y cercanos. Con nombres y apellidos.

Para dar una dimensión, la investigación demuestra que la Defensoría del Pueblo firmó, solamente durante los meses de marzo y abril de este año, 648 contratos por un valor que supera los $36.400 millones. En solo dos mesecitos. (Ver Los jugosos contratos).

Esto se complementa con una investigación publicada por La Silla Vacía que muestra que Camargo, desde su llegada al cargo, tiene en su nómina a tres reconocidos estrategas políticos y asesores de campaña para manejar los escándalos y las crisis que ha enfrentado uno tras otro.

Ellos son Camilo Rojas, Ángel Becassino y Jhon Óscar Álvarez. La Silla Vacía estableció que la Defensoría ha invertido en los seis meses que van del año la cifra de $540 millones en estos estrategas. (Ver Nómina)

No es ilegal ni tampoco indebido. Pero deja ver las prioridades de esta entidad, que parece estar invirtiendo en todo, menos en la defensa de los derechos humanos y del pueblo.

Aunque eso tampoco es nuevo.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha venido denunciando este patrón de conducta de Camargo en los diferentes puestos que ha ocupado. Por ejemplo, como director de la Federación Nacional de Departamentos comenzó a repartir contratos para hacerse nombrar, en un intento fallido, como registrador.

Pares encontró más de diez contratos con exmagistrados o familiares de los magistrados del Consejo de Estado como Rocío Araújo y Enrique Gil, y con políticos y abogados aliados de quienes impulsaron la elección de Camargo en la Federación Nacional de Departamentos.

Entre estos se encuentran la exsenadora Olga Suárez Mira, Eduardo Montealegre y la hija del exprocurador Alejandro Ordóñez.

Y cómo olvidar cuando se descubrió en agosto de 2019 que Camargo usaba la tarjeta corporativa de la Federación Nacional de Departamentos para algunas compritas personales como zapatos Ferragamo por $1,2 millones, algún regalito para su esposa en la tienda Tous del Centro Andino por $700.000 y casi $600.000 en rosas.

Todo un detallista.

Se trata de una cadena de situaciones que demuestran que Camargo no está en capacidad de asumir la institucionalidad para manejar recursos que son del erario. Camargo lo que sabe hacer mejor es ejercer el poder ofreciendo y entregando contratos.

Y en una crisis como la que está atravesando el país se pone en evidencia que los funcionarios nombrados en las diferentes entidades de control, no solo la Defensoría del Pueblo, no tienen ni el conocimiento ni la experiencia para ello.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com