Un Desenfriolito no va a servir

Por: Juan Carlos Matamoros López*

Durante estos últimos días hemos recibido un verdadero bombardeo de información sobre el avance incontenible de la pandemia en Colombia, sus efectos en nuestra ya debilitada economía, las proyecciones de la crisis económica y las alternativas propuestas por los gremios, los analistas y el Gobierno para enfrentarla con éxito.

Si hay algo que ya parece claro, es que Colombia vive hoy el comienzo, no el final, de la que, con toda probabilidad, será la peor crisis económica de su historia como república, una crisis que nos hará retroceder entre 20 y 25 años en nuestro proceso de desarrollo económico y social.

Así lo demuestran desde las optimistas proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo diseñadas por el Ministerio de Hacienda hasta las más realistas de diferentes analistas, gremios y entidades multilaterales como el FMI. Dentro de este aluvión de cifras quiero destacar que la caída del PIB en el 2020 seguramente superará el 8 % pronosticado por el FMI y que el rebote, que según el Gobierno será del 6 % en el 2021, en mi concepto no se dará y tendremos que resignarnos a un año de crecimiento cero, o muy cercano a cero. Y este concepto proviene de entender que esta caída de la economía no se origina en temas coyunturales como el precio del petróleo, o una guerra económica que se resuelva en meses, sino en el profundo deterioro que ha sufrido y sufrirá en el resto del año el tejido productivo de este país, y eso no se resolverá de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Ver crecimientos de nuestra economía superiores al 4 % nos tomará posiblemente hasta el 2023. El presidente Iván Duque no alcanzará a presentarnos esta cifra en su “Show de Iván a las 6” que, a propósito, ya sería hora de darlo por terminado.

Resolver el tema del desempleo que cerrando mayo llegó al 24 % en las 13 principales ciudades, y que cerrando julio al levantar la cuarentena se acercará irremediablemente al 30 %, nos va a costar enormidades. La principal razón es que, hasta la llegada de la pandemia, las Mipymes generaban el 80 % del empleo en nuestra economía, y los más afectados con las cuarentenas han sido precisamente las Mipymes, pues las medidas que tomó el Gobierno para protegerlas fueron totalmente tardías e insuficientes. La protección de las nóminas subsidiando el 30 %, además de que llegó tarde, no fue suficiente para preservar las nóminas de este tipo de empresas. Basta ver, que las más beneficiadas con este subsidio fueron las grandes empresas y aquellas medianas de más de 50 empleados.

Estas altas tasas de desempleo conducirán sin duda a un aumento de la tasa de informalidad de nuestra economía, que con el 5 0% ya era excesivamente alta antes de la pandemia y que ahora con facilidad estará rondando el 60 %. Y para rematar, las cifras del BID nos indican que la población colombiana que vive en pobreza (ingresos inferiores a $118 mil per cápita mes) pasará del 30 % antes de la pandemia a cerca del 60 % al cerrar el 2020. La clase media que venía fortaleciéndose en los últimos 20 años llegando a representar más del 65 % de la población se adelgazará hasta cerca del 40 %. Hasta los ricos que eran el 1,5 %, ahora serán solo el 0,9 %.

Si a la población en pobreza al cierre del 2020 le sumáramos la clase media vulnerable, que es aquella que está a un soplo de caer en la pobreza, tendríamos que la población vulnerable en Colombia sería el 88 % del total. Esto significa que al cerrar el 2020 Colombia tendrá 11 millones de familias vulnerables, de las cuales 7,4 millones ya vivirán en la pobreza. Y estas cifras tienen dos poderosos impactos hacia el futuro del país. Uno, que son estas las familias que requerirán auxilio directo de parte del Estado, y segundo, que ninguna economía que tenga “apagada” la demanda en un 88 % tendría posibilidades de recuperarse solo con la “mano invisible” del mercado.

Así las cosas, los remedios propuestos por el Gobierno son como darle un Desenfriolito a quien sufre de una enfermedad grave. El primer ingrediente, clave para solucionar esta crisis, es que el Gobierno, en lugar de pañitos de agua tibia como alargar hasta diciembre el Ingreso Solidario de $160,000 para 2,5 millones de familias, sumado a sus múltiples e insuficientes programas de subsidios como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y los torpes Días sin IVA, debería implementar en su reemplazo una Renta Básica Solidaria para todas las familias vulnerables de este país.

Obviamente, no es fácil, será muy costoso para nuestra economía. Por ejemplo, entregar una Renta Básica de $500.000 mensuales a los 7,4 millones de familias pobres significa, por un solo año, un costo de $44,4 billones (aproximadamente US$12.000 millones). Si quisiéramos además entregar $300.000 al mes a los 3,5 millones de familias de clase media vulnerable para ayudarles a no caer en la pobreza, costaría $12,9 billones adicionales. Es decir, si la meta fuera atender por un año a todas estas familias preservando su dignidad y sus derechos y además dándole combustible a la demanda, el Gobierno tendría que disponer de $57,3 billones (US$15.500 millones). Estas cifras son palabras mayores, suman más de lo que costó el Plan Colombia durante 16 años, representan la tercera parte de los ingresos anuales del Gobierno central por impuestos y más del 5 % del PIB. No obstante, no son utópicas, sólo hay que encontrar el camino para lograrlas, como expongo más adelante.

El segundo ingrediente indispensable para solucionar esta crisis sería, en mi opinión, un agresivo plan de apoyo a las Mipymes para lograr que recuperen, además de su producción y sus ventas, su capacidad de generar empleo. Para lograrlo, el Gobierno tendría que pensar en subsidiar hasta diciembre, no el 30 %, sino al menos el 80 % de las nóminas de este sector. Adicionalmente, tendría que encontrar soluciones inteligentes para disminuir para este tipo de empresas (de menos de 50 empleados) el costo de generar un empleo, reduciendo los aportes parafiscales al Sena, el ICBF y la contribución para salud. Y aún más allá, propondría una especie de “Ley Páez” o de beneficio para los “cultivos de tardío rendimiento”, en este caso para las Mipymes, exonerándolas de todo tipo de impuestos durante los próximos cinco años.

Como tercer ingrediente para reactivar la economía, el Gobierno podría pensar en una alternativa, ya expuesta en una columna anterior (¿Es posible una banca solidaria?), de intervenir en la formulación de los modelos de riesgo de los bancos para utilizarlos como herramienta de su política económica y social, que permita, con apoyo del Fondo Nacional de Garantías, irrigar la economía con créditos a los sectores que más los necesitan como apoyo a la iniciativa privada.

Aparte de las anteriores ideas para la salida de esta crisis, el Gobierno debería enfocar sus esfuerzos de inversión institucional en dos sectores específicos: la construcción de infraestructura y el sector agropecuario. Cuando me refiero a construcción de infraestructura estoy hablando no solo de puentes y autopistas, sino de vías secundarias y terciarias, de puertos y aeropuertos, de clínicas, hospitales y puestos de salud, de universidades, colegios y jardines infantiles y de proyectos de infraestructura en tecnologías de la información. La construcción de infraestructura es un inmejorable generador de empleo y deja huellas de desarrollo hacia el futuro. En cuanto al sector agropecuario, pienso que es el momento de que, con un nuevo enfoque del Gobierno, Colombia recupere la vocación agrícola que en mala hora se nos refundió en los últimos años.

Llevar a cabo estos planes es imposible si pensamos en las ideas de siempre, de un crédito acá y un crédito allá, la utilización de los mecanismos tradicionales de liquidez del Banco de la República, y una nueva reforma tributaria para que más pobres tributen en el 2022. Tenemos que salirnos de ese marco, si queremos financiar este plan de choque para salir de la crisis. Hay que pensar en fondeos menos convencionales, endeudamiento interno y externo de muy largo plazo, hay que pensar en bonos de deuda interna, mínimo a 20 años con muy baja o ninguna tasa de interés, a ser suscritos de forma obligatoria por las grandes empresas y los dueños de las grandes fortunas de este país según su patrimonio y sus utilidades. Hay que pensar en buscar créditos de entidades multilaterales y de gobiernos realmente amigos, con plazos de 30 a 40 años a tasas en verdad bajas y muchos años de gracia.

Esta crisis hay que afrontarla como lo que es, el mayor reto económico en la historia de este país. Un Desenfriolito no va a servir.

* Miembro de la Tertulia Cervantina 77. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor