Del ministro de Defensa sobre la Policía Nacional

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En respuesta al editorial del 12 de noviembre de 2020, titulado “Las respuestas al horror”.

En relación con los lamentables y dolorosos hechos ocurridos en el CAI San Mateo, del municipio de Soacha, que actualmente son materia de investigación y que enlutan a varias familias colombianas, con cuyo dolor somos solidarios, me permito hacer las siguientes consideraciones:

La muerte de cualquier colombiano como consecuencia de acciones violentas y criminales o en circunstancias trágicas causa nuestro más profundo rechazo, dolor e indignación.

El propósito del Gobierno, en todos los casos, ha sido el de acompañar a las víctimas, apoyar las investigaciones que ponen en marcha las autoridades competentes y ejercer las competencias propias, de conformidad con las atribuciones que nos confieren la Constitución y la ley.

Con respecto a la Policía Nacional, esta institución cuenta con el respaldo total, sin vacilaciones ni ambigüedades, por parte del Gobierno Nacional. De otro lado, se aplica la política de cero tolerancia a la corrupción y a cualquier presunta violación a los derechos humanos, la ley o los reglamentos en que haya podido incurrir, individualmente un miembro de la institución, invocando siempre, eso sí, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y todas las demás garantías procesales que tienen los ciudadanos colombianos sin excepción.

Es necesario reconocer que sí se ha venido desarrollando una campaña de deslegitimación y estigmatización contra la Policía Nacional, institución que tanto le ha servido a nuestro país, por sectores que hacen politiquería con la muerte. Dicha campaña se refleja en la práctica inaceptable y sistemática de condenar públicamente a miembros individuales de la institución policial sin que hayan sido oídos y condenados en juicio por la autoridad competente, desconociéndose su presunción de inocencia, e incluso en condenar colectivamente a toda una institución repleta de hombres y mujeres al servicio del país y de los colombianos.

No hay duda de que la transparencia y el respeto a los derechos humanos son la fuente de la legitimidad de las instituciones, tal y como permanentemente le señalamos a la Fuerza Pública. Tampoco la hay, cuando se insiste en que solamente las autoridades competentes pueden pronunciarse sobre conductas individuales después de analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Es importante resaltar que, desde el primer instante, el comandante de la Policía de Cundinamarca, de conformidad con lo que ha dicho públicamente el mencionado oficial, dio a conocer los hechos sucedidos a través de los medios y canales institucionales. Los mismos hechos se pusieron en conocimiento inmediato de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades disciplinarias para que se iniciaran con celeridad las investigaciones correspondientes. Será la autoridad judicial competente, dentro de los tiempos procesales, quien deba determinar si se presentaron fallas en los procedimientos policiales y si hubo o no responsabilidad por parte de los hombres de la Policía.

Cualquier cosa diferente implicaría un desconocimiento a las garantías procesales de los policías y de todos los ciudadanos en general, que existen para otorgarles seguridad jurídica, configurando un ataque inaceptable y selectivo a nuestra institucionalidad y nuestra democracia.

* Ministro de Defensa Nacional.

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