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Las nuevas denuncias en torno a títulos entregados por la Fundación de Educación Superior San José merecen respuestas más reflexivas que las entregadas hasta ahora por el Gobierno. Lo que empezó como una investigación de la representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, ahora fue ampliado por la representante del Partido Verde, Catherine Juvinao. Son por lo menos 24 personas, contratadas por el Estado, las que se beneficiaron de diplomas que se entregaron sin cumplir los requisitos legales. La agresividad en redes contra las denunciantes, tanto del ministro de Educación, Daniel Rojas, como del presidente de la República, Gustavo Petro, muestra desinterés por indagar un problema que se anuncia mucho mayor.
Es fundamental recordar el caso de Juliana Guerrero. Nominada para hacer parte del Ministerio de la Igualdad, la representante Pedraza denunció irregularidades al obtener su título universitario. La congresista fue atacada con fiereza por el Gobierno y sus aliados. Sin embargo, varios meses después, la Fiscalía está investigando y la misma San José denunció lo ocurrido. En un comunicado estos días, la Fundación fue clara: “Reiteramos que fue la propia Fundación Universitaria San José la que, en ejercicio de su autonomía universitaria y de su responsabilidad institucional, detectó y denunció un fraude del cual fue víctima”. Por su parte, el ministro Rojas dijo que están próximos a formular un pliego de cargos por estos hechos.
Por todo lo anterior, es extraño que ante nuevas denuncias la respuesta sea la hostilidad. En su cuenta de X, el presidente Petro atacó a la representante Juvinao. “Aquí hay una enorme irresponsabilidad de dos congresistas, que para hacer votos usaron los datos de 22 personas humildes, muchas mujeres madres cabeza de familia con hijos menores, para demostrar odio contra el Gobierno, con ellas en la prensa”, dijo el mandatario. En esencia, argumenta que los títulos se obtuvieron de manera legal. Lo propio hizo el ministro Rojas.
Sin embargo, ambos evitaron mencionar que la representante Juvinao documentó irregularidades en la presentación del Saber Pro y títulos entregados sin cumplir requisitos legales. ¿Eso no merecería, por lo menos, cuestionarse lo que ocurrió? ¿Una indagación para asegurar que el Estado colombiano hace valer las normas de la República? ¿Por qué hay tanto desinterés por entender si la contratación estatal se está haciendo de manera adecuada?
Estamos de acuerdo en que estos escándalos no pueden convertirse en una cacería de brujas contra las personas que obtuvieron los títulos, pero con el antecedente de Guerrero y los nuevos indicios publicados, la actitud de la Casa de Nariño necesita ser mucho más responsable. Si las investigaciones del Ministerio de Educación hubiesen sido eficientes, el país ya entendería qué ocurrió; pero como no ha sido así, los interrogantes crecen.
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