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El asesinato de seis colombianos capturados en Ecuador por el magnicidio de Fernando Villavicencio condena al caso a vivir en la impunidad. La manera cruel en que ocurrieron los hechos, dentro de una cárcel supuestamente bajo control del Gobierno de ese país, muestra las grandes fallas institucionales de un sistema político en crisis. Sin condenas de por medio, se aplica una pena de muerte de facto, mientras que cualquier información sobre los autores intelectuales del magnicidio se pierde en medio del silencio. En vísperas de la segunda vuelta presidencial que se celebrará este domingo, ¿quién responde por este desastre?
Según dio a conocer El País de España, los seis colombianos fueron ahorcados en la cárcel Guayas 1, de la ciudad de Guayaquil. A pesar de que había una orden de trasladarlos, no se cumplió. Las autoridades se conformaron con entrar después de los hechos a realizar los levantamientos de los cadáveres, mientras persisten las preguntas: ¿quién los mató? ¿Quién los mandó a matar? ¿Cómo pudieron matarlos ante el silencio cómplice de los demás presos y de las autoridades? ¿Por qué no fueron trasladados? ¿Por qué el Estado ecuatoriano no protegió a los principales sospechosos de un crimen tan grave? ¿Cómo avanzarán las investigaciones ahora? Y hay un contexto adicional: en el sistema penitenciario de Ecuador, desde 2020, más de 400 presos han sido asesinados. Es un país que perdió el control de las cárceles.
Los seis colombianos asesinados fueron Andrés Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Alzate y John Gregore Rodríguez. Como contó en su momento El Espectador, tenían antecedentes en Colombia y fueron capturados con granadas, fusiles, una subametralladora y varias pistolas. Sin embargo, los procesos en contra no habían avanzado. Hace apenas unos días el Gobierno de Estados Unidos publicó una recompensa de US$5 millones para dar con los responsables intelectuales del magnicidio.
El presidente saliente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo: “Tras la información de los seis crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad No. 1, en Guayaquil, he dispuesto sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad. Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad”. No obstante, la ausencia de capacidad de las autoridades ha permitido que el terror se siembre en Ecuador. A la segunda vuelta presidencial, que se celebrará este domingo, se llega después de una campaña manchada por la sangre, la violencia y la falta de respuestas en un país que se volvió esencial para las rutas del narcotráfico y no ha podido sacudirse sus influencias perversas.
Cuando los Estados de derecho fallan en proteger a todas las personas y cuando los involucrados en crímenes son silenciados con impunidad, pierde la sociedad entera y se destruye el ecosistema de normas. Ecuador debe dar con los responsables cuanto antes para proteger su democracia.
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