La batalla por los celulares y la privacidad
El debate, antes que judicial, debería ser democrático: en esta nueva era digital, ¿queremos que el Estado (y cualquier persona potencialmente) tenga acceso a todos los espacios de nuestras vidas por el bien de la seguridad nacional o, por el contrario, debe haber un límite que nadie pueda cruzar sin autorización?
El Espectador
La disputa legal en Estados Unidos entre la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y Apple, sobre la modificación de un iPhone para poder acceder a su información encriptada, tiene implicaciones para el mundo entero y es la evolución más importante en el debate que hay entre la privacidad de los ciudadanos y las necesidades del Estado para brindar seguridad.
El caso es complejo. El 2 de diciembre del año pasado, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, quienes estaban casados, mataron a 14 personas e hirieron a otras 17 en San Bernardino, California. Desde entonces, el FBI está investigando la posibilidad de que Farook y Malik hayan coordinado el ataque con el Estado Islámico (EI). Por eso, dice la Oficina, necesita entrar al celular personal de Farook, un iPhone 5c creado por Apple. Sólo hay un problema: todos los iPhone están diseñados para que, si alguien se equivoca diez veces escribiendo la contraseña, toda la información en ellos se borre automáticamente.
Ante la petición de ayudar a desbloquear el celular, Apple se negó. Después de que una jueza de la Corte Federal del Distrito de California le ordenara a la compañía crear la manera de “saltarse” el bloqueo del celular, Tim Cook, director de Apple, dijo que apelaría la decisión y que no cumpliría la sentencia, argumentando que hacerlo puede darle a cualquier persona “la capacidad de desbloquear cualquier iPhone”.
Con cada avance tecnológico las personas están más tentadas por la comodidad de mudar los aspectos esenciales de su vida al ámbito digital. La información que un teléfono inteligente almacena es fundamental para su dueño y, sí, debe estar cubierta por el manto de la privacidad. Entrar al celular de alguien sin su autorización es violar uno de sus espacios más íntimos y no es algo que debe tomarse a la ligera.
Desde las filtraciones publicadas por Wikileaks y por Edward Snowden, es claro que los estados del mundo tienen un imperioso interés en poder acceder de cualquier manera a la información que cada persona almacena en los dispositivos tecnológicos. Por eso mismo, cualquier vulneración tiene que ser objeto de la mayor transparencia posible.
Los casos análogos existentes no son del todo útiles para esta situación. Cuando una agencia estatal tiene razones justificadas y establecidas en la ley para escuchar las conversaciones de alguien, o entrar en su hogar, necesita, primero, la orden de un juez. Esto garantiza, por lo menos, un control para evitar que el Estado se extralimite. Apple argumenta que la tecnología para hacer lo que el FBI le pide no existe, por lo que tendría que fabricar una “puerta trasera” que crearía una vulnerabilidad en todos sus teléfonos. Tan pronto a un sistema de encriptación se le construye algo para descifrarlo, pierde su utilidad. Es decir, por este caso, todos los demás usuarios de los iPhone perderían la seguridad de que sus celulares son privados.
El debate, antes que judicial, debería ser democrático: en esta nueva era digital, ¿queremos que el Estado (y cualquier persona potencialmente) tenga acceso a todos los espacios de nuestras vidas por el bien de la seguridad nacional o, por el contrario, debe haber un límite que nadie pueda cruzar sin autorización?
El miedo no es buen consejero. Pese a los posibles costos, pierde más un país (y el mundo, dado que los iPhone están en todas partes) arrebatándoles a sus ciudadanos el derecho a guardar secretos del Estado que limitando las potestades de sus agencias estatales. Hay muchas maneras de combatir el terrorismo, pero la encriptación es la única que las personas tienen de tener privacidad en los entornos tecnológicos. Si respetamos la importancia de la autonomía personal, hay que defenderla.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
La disputa legal en Estados Unidos entre la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y Apple, sobre la modificación de un iPhone para poder acceder a su información encriptada, tiene implicaciones para el mundo entero y es la evolución más importante en el debate que hay entre la privacidad de los ciudadanos y las necesidades del Estado para brindar seguridad.
El caso es complejo. El 2 de diciembre del año pasado, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, quienes estaban casados, mataron a 14 personas e hirieron a otras 17 en San Bernardino, California. Desde entonces, el FBI está investigando la posibilidad de que Farook y Malik hayan coordinado el ataque con el Estado Islámico (EI). Por eso, dice la Oficina, necesita entrar al celular personal de Farook, un iPhone 5c creado por Apple. Sólo hay un problema: todos los iPhone están diseñados para que, si alguien se equivoca diez veces escribiendo la contraseña, toda la información en ellos se borre automáticamente.
Ante la petición de ayudar a desbloquear el celular, Apple se negó. Después de que una jueza de la Corte Federal del Distrito de California le ordenara a la compañía crear la manera de “saltarse” el bloqueo del celular, Tim Cook, director de Apple, dijo que apelaría la decisión y que no cumpliría la sentencia, argumentando que hacerlo puede darle a cualquier persona “la capacidad de desbloquear cualquier iPhone”.
Con cada avance tecnológico las personas están más tentadas por la comodidad de mudar los aspectos esenciales de su vida al ámbito digital. La información que un teléfono inteligente almacena es fundamental para su dueño y, sí, debe estar cubierta por el manto de la privacidad. Entrar al celular de alguien sin su autorización es violar uno de sus espacios más íntimos y no es algo que debe tomarse a la ligera.
Desde las filtraciones publicadas por Wikileaks y por Edward Snowden, es claro que los estados del mundo tienen un imperioso interés en poder acceder de cualquier manera a la información que cada persona almacena en los dispositivos tecnológicos. Por eso mismo, cualquier vulneración tiene que ser objeto de la mayor transparencia posible.
Los casos análogos existentes no son del todo útiles para esta situación. Cuando una agencia estatal tiene razones justificadas y establecidas en la ley para escuchar las conversaciones de alguien, o entrar en su hogar, necesita, primero, la orden de un juez. Esto garantiza, por lo menos, un control para evitar que el Estado se extralimite. Apple argumenta que la tecnología para hacer lo que el FBI le pide no existe, por lo que tendría que fabricar una “puerta trasera” que crearía una vulnerabilidad en todos sus teléfonos. Tan pronto a un sistema de encriptación se le construye algo para descifrarlo, pierde su utilidad. Es decir, por este caso, todos los demás usuarios de los iPhone perderían la seguridad de que sus celulares son privados.
El debate, antes que judicial, debería ser democrático: en esta nueva era digital, ¿queremos que el Estado (y cualquier persona potencialmente) tenga acceso a todos los espacios de nuestras vidas por el bien de la seguridad nacional o, por el contrario, debe haber un límite que nadie pueda cruzar sin autorización?
El miedo no es buen consejero. Pese a los posibles costos, pierde más un país (y el mundo, dado que los iPhone están en todas partes) arrebatándoles a sus ciudadanos el derecho a guardar secretos del Estado que limitando las potestades de sus agencias estatales. Hay muchas maneras de combatir el terrorismo, pero la encriptación es la única que las personas tienen de tener privacidad en los entornos tecnológicos. Si respetamos la importancia de la autonomía personal, hay que defenderla.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.