“La búsqueda debe seguir”

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación, publicó un informe en el cual, entre muchos temas preocupantes, denuncia que la versión oficial del caso está completamente errada. La administración de Enrique Peña Nieto debe responder ante la incapacidad de las autoridades para encontrar respuestas en esta tragedia.

La investigación realizada por el GIEI fue exhaustiva —estudiaron 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles, 14 registros y restos óseos— y, aun así, su conclusión es un lamento: el mundo —y, especialmente, México— todavía no tiene un diagnóstico creíble sobre lo que les ocurrió a los estudiantes.

Lo que sí se sabe es que las autoridades mexicanas están equivocadas en los hallazgos que han hecho hasta ahora sobre el caso, y que necesitan un nuevo impulso para acercarse a una respuesta.

Los estudiantes, ahora sabemos, no fueron incinerados en el basurero de Cocula —como lo había dicho la Fiscalía de México el 2 de febrero de este año—, pues no hay evidencia de la cantidad de madera o llantas necesarias para incinerar 43 cuerpos. Por eso, concluye el GIEI, “no deben darse por muertos sino por desaparecidos” y “la búsqueda debe seguir”. Así como sigue el dolor de sus familiares y de un país entero que ve cómo la violencia, producto del narcotráfico, tiene inhabilitadas a las autoridades del Estado para brindar seguridad y justicia a la población.

Otro hallazgo, perverso y preocupante, es que “testigos señalan la presencia de Policía Federal en el Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez, los dos escenarios donde fueron detenidos y desaparecidos los normalistas”. La versión oficial ya daba cuenta de la participación de autoridades, pero lo que confirma el GIEI es que no se trata de una cuantas “manzanas podridas”, sino que hay responsabilidad en mandos altos de la jerarquía de la fuerza pública mexicana. Además, los investigadores se encontraron con que es muy difícil obtener testimonios, pues las personas temen las repercursiones de los grupos ilegales involucrados. Indicios convincentes de que los carteles de la droga operan en siniestra complicidad con agentes del Estado.

Este caso no es aislado. El 30 de junio de 2014 el Ejército mexicano reportó la muerte de 22 personas en un tiroteo en Tlatlaya, pero investigaciones apuntan a que hubo ejecuciones llevadas a cabo por los soldados. Además, el gobierno de Peña Nieto ha sido cuestionado por varias instancias por presunta corrupción, y aún no se recupera del fiasco ocasionado por la fuga del Chapo Guzmán.

Lidiar con la fuerza del narcotráfico no es tarea fácil; eso en Colombia lo sabemos muy bien. Sin embargo, lo preocupante es que el gobierno mexicano no sólo parece incapaz, sino además desinteresado, de realizar las investigaciones debidas y empezar a desarticular las redes de corrupción que, a estas alturas, parecen evidentes. El pueblo mexicano merece sentir, por lo menos, que algo se está haciendo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación, publicó un informe en el cual, entre muchos temas preocupantes, denuncia que la versión oficial del caso está completamente errada. La administración de Enrique Peña Nieto debe responder ante la incapacidad de las autoridades para encontrar respuestas en esta tragedia.

La investigación realizada por el GIEI fue exhaustiva —estudiaron 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles, 14 registros y restos óseos— y, aun así, su conclusión es un lamento: el mundo —y, especialmente, México— todavía no tiene un diagnóstico creíble sobre lo que les ocurrió a los estudiantes.

Lo que sí se sabe es que las autoridades mexicanas están equivocadas en los hallazgos que han hecho hasta ahora sobre el caso, y que necesitan un nuevo impulso para acercarse a una respuesta.

Los estudiantes, ahora sabemos, no fueron incinerados en el basurero de Cocula —como lo había dicho la Fiscalía de México el 2 de febrero de este año—, pues no hay evidencia de la cantidad de madera o llantas necesarias para incinerar 43 cuerpos. Por eso, concluye el GIEI, “no deben darse por muertos sino por desaparecidos” y “la búsqueda debe seguir”. Así como sigue el dolor de sus familiares y de un país entero que ve cómo la violencia, producto del narcotráfico, tiene inhabilitadas a las autoridades del Estado para brindar seguridad y justicia a la población.

Otro hallazgo, perverso y preocupante, es que “testigos señalan la presencia de Policía Federal en el Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez, los dos escenarios donde fueron detenidos y desaparecidos los normalistas”. La versión oficial ya daba cuenta de la participación de autoridades, pero lo que confirma el GIEI es que no se trata de una cuantas “manzanas podridas”, sino que hay responsabilidad en mandos altos de la jerarquía de la fuerza pública mexicana. Además, los investigadores se encontraron con que es muy difícil obtener testimonios, pues las personas temen las repercursiones de los grupos ilegales involucrados. Indicios convincentes de que los carteles de la droga operan en siniestra complicidad con agentes del Estado.

Este caso no es aislado. El 30 de junio de 2014 el Ejército mexicano reportó la muerte de 22 personas en un tiroteo en Tlatlaya, pero investigaciones apuntan a que hubo ejecuciones llevadas a cabo por los soldados. Además, el gobierno de Peña Nieto ha sido cuestionado por varias instancias por presunta corrupción, y aún no se recupera del fiasco ocasionado por la fuga del Chapo Guzmán.

Lidiar con la fuerza del narcotráfico no es tarea fácil; eso en Colombia lo sabemos muy bien. Sin embargo, lo preocupante es que el gobierno mexicano no sólo parece incapaz, sino además desinteresado, de realizar las investigaciones debidas y empezar a desarticular las redes de corrupción que, a estas alturas, parecen evidentes. El pueblo mexicano merece sentir, por lo menos, que algo se está haciendo.

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