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El Gobierno de Gustavo Petro se vio obligado a levantar otro cese bilateral al fuego, esta vez con el Estado Mayor Central, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Como lo dijimos cuando se tomó una decisión similar con el Clan del Golfo, se trata de una medida necesaria, de un lamentable triunfo de la irracionalidad de los grupos al margen de la ley que no ven cómo la generosidad del Estado les ofrecía un camino hacia la paz. No se trata, y en esto también nos repetimos, del fracaso del esfuerzo de la paz total: los primeros años de negociaciones con las FARC se hicieron bajo fuertes combates y aun así se llegó a un acuerdo histórico. Sin embargo, es extenuante y trágico que el horror siga siendo la moneda de cambio para quienes están en la ilegalidad.
En entrevista con El Espectador, antes del anuncio que se hizo el día de ayer, el comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, ya daba luces del incumplimiento: “El Estado Mayor Central no ha respetado el cese bilateral propuesto por el Gobierno. Ha realizado hostigamientos a la fuerza pública, especialmente en los departamentos de Meta, en el municipio de La Uribe, y Cauca, en Miranda, Guachené y Argelia. Asimismo, vienen haciendo actividades de proselitismo armado en Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, y mantiene activamente el cobro de extorsiones en las zonas donde tiene injerencia”.
A eso se le sumó el asesinato de cuatro menores de edad de etnia indígena este fin de semana, quienes habían sido reclutados de manera forzada por la disidencia de las FARC y habían intentado escapar. El presidente Gustavo Petro lo dijo con claridad al tildar lo ocurrido de ser “un crimen atroz, una bofetada a la paz”. Lo propio hizo la vicepresidenta Francia Márquez, quien señaló que “duele en el alma que niñas y niños paguen el costo de una guerra absurda”. Estamos de acuerdo.
En respuesta, el Estado Mayor Central mostró el cinismo que ha caracterizado a todos los grupos al margen de la ley. En un comunicado, anunciaron que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”. No cuentan, claro, que fueron ellos quienes reclutaron a la fuerza a cuatro menores de edad y luego los asesinaron por no querer seguir en sus filas; no aceptan, además, que se han aprovechado del cese con la fuerza pública para reforzar sus múltiples avenidas de crímenes. Antes siquiera de empezar los diálogos formales, les están haciendo trampa al país y al proceso.
Entonces, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer. No es fácil la labor que tienen en la Casa de Nariño, pues están lidiando con cinismos arragaidos y una falta de voluntad envalentonada por la aparente fuerza que han ganado los grupos al margen de la ley. De nuevo, el comandante del Ejército le dio un diagnóstico claro a El Espectador: “Aquí en Colombia estos grupos tienen una concepción de que la mejor manera de sentarse a la mesa de negociación es poniendo condiciones de manera fuerte”. Es momento de mostrar que tenemos un Estado sólido y que pactar la paz es una apuesta nacional que no implica abandonar la protección de todos los colombianos.
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