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El episodio más reciente ocurrió el viernes. Tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en Cúcuta. El comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad, el coronel Libardo Ojeda, afirmó que se trataba de personas que habían llegado hace pocos días a El Talento, en el municipio de San José de Cúcuta, donde ocurrió la masacre, huyendo de la guerra en el Catatumbo.
No es el primer caso. A inicios de esta semana se conoció otro caso en el barrio El Zulia donde también ocurrió otra masacre. Una más en la cadena de hechos violentos que ha vuelto a azotar con fuerza al Catatumbo, la región de Norte de Santander donde a inicios de 2025 se presentó la crisis humanitaria más grave de las últimas dos décadas en Colombia.
Desde entonces, los momentos de calma han sido pocos y los dos más recientes acontecimientos han elevado aún más la alerta. Las autoridades del departamento afirman que la guerra ya empieza a extenderse con fuerza hacia la zona urbana de Cúcuta.
Como lo ha documentado El Espectador en su cobertura reciente sobre la crisis en Catatumbo, el deterioro de la situación humanitaria combina múltiples factores: masacres, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento de menores -ya vamos 19 días sin saber de Yormai Contreras, un menor de 16 años secuestrado por el ELN en un retén ilegal en Tibú- y el uso de drones que han tenido a municipios como Pacheli sin calma por varios días.
Cifras recientes dan cuenta de la magnitud del impacto: más de 22.000 personas han sido desplazadas desde el inicio de la crisis en 2025.
En medio de la escalada, las autoridades locales han insistido en la necesidad de abrir un canal mínimo de diálogo con los grupos armados, enfocado exclusivamente en aliviar la crisis humanitaria. “Nosotros le solicitamos a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a la mesa de diálogos (con el Frente 33 que pertenece a la disidencia de Calarcá) que nos autorizaran un diálogo regional con el grupo armado, Iglesia, autoridades y sociedad civil para hacer unos mínimos humanitarios”, explicó el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño a El Espectador hace unos días.
La respuesta, según Niño, ha sido el silencio.
Pero ese silencio no solo recae sobre el Gobierno. También interpela directamente a la mesa con el llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), particularmente al Frente 33, que está bajo el mando de “Calarcá Córdoba”.
Si ese proceso es, en teoría, uno de los más avanzados de la política de paz total, resulta difícil justificar que en los territorios donde tiene presencia persistan masacres, reclutamiento y control armado.
El propio presidente Gustavo Petro ha elevado el tono esta semana al pedir verificar incumplimientos en esa mesa y advertir que, de confirmarse, “no hay paz”. Incluso ha llegado a plantear la posibilidad de congelar el proceso ante la continuidad de acciones armadas como ataques y reclutamiento de menores.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué tan efectiva está siendo una negociación que no logra traducirse en alivios concretos para la población civil? ¿Qué margen real tiene un proceso que convive con una guerra que no solo continúa, sino que se intensifica y se expande?
La discusión ya no pasa por sostener o no una mesa, todas las formas de diálogos son necesarias. Pero se necesita también capacidad real de incidir sobre el terreno. Lo que está pasando en el Catatumbo no admite muchas interpretaciones. Quienes huyen de la guerra están siendo alcanzados por ella incluso en la ciudad.
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