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Las redes de tráfico de identidades en Colombia están íntimamente ligadas al tráfico de migrantes y permiten abusos que no pueden continuar. Una investigación de El Espectador, mientras las autoridades han hecho arrestos en las semanas recientes, demuestra que nuestro país se ha convertido en un destino especialmente atractivo para personas de otras nacionalidades que quieren aprovechar nuestro pasaporte. La complicidad de funcionarios de la Registraduría y la Cancillería hace necesario que se tomen medidas y que se tenga en cuenta lo que ocurre ahora que se cambió el contrato de elaboración de pasaportes a futuro.
Como contó este diario, la Policía capturó a 31 personas relacionadas con una banda de tráfico de identidades. El lunes, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que 18 de ellos ya aceptaron cargos. La Policía también contó de la captura de miembros de Los Hunters, dedicados a falsificar documentos para que las personas puedan acceder a la visa estadounidense. En lo que va de 2024, Migración Colombia ha reportado 22 casos de identidades colombianas falsas; mientras que el año pasado fueron unas 283. Desde 2022, la Registraduría adelanta 196 investigaciones de este tipo y hay 25 casos de funcionarios de la entidad siendo estudiados por la Fiscalía. Sin embargo, queda la sospecha de que no estamos viendo la magnitud total del problema.
El aparato de falsificación se aprovecha de las normas colombianas y de la complicidad de servidores públicos corruptos para que las personas puedan obtener pasaportes. Entonces, por ejemplo, como en nuestro país se puede certificar la nacionalidad y acceder a un registro civil si dos personas colombianas sirven de testigos, estas redes se encargan de conseguir registros civiles que luego son acompañados de otros documentos para pedir pasaportes “originales”. Sobre eso mismo habló esta semana el registrador Penagos, a propósito de los 31 capturados que mencionamos, y dijo que hay colombianos que han sido testigos de nacimientos en más de 200 ocasiones. “Eso no es razonable y, con seguridad, ahí puede haber hechos ilícitos”, afirmó, y citó un ejemplo que resume el lío: una sola mujer colombiana aseguró ser madre de 14 extranjeros que nunca registró en su momento como menores de edad.
El Espectador documentó que estas bandas pueden llegar a cobrar hasta US$9.000 por paquetes de migraciones “express”, que incluyen documentación colombiana falsificada en solo 45 días y transporte hasta Estados Unidos de múltiples maneras. Esto, por supuesto, se aprovecha de personas vulnerables y termina en violaciones a derechos humanos, así como fraudes. Todo termina en tragedias, mientras que nuestro país se sigue posicionando como un punto clave en la migración irregular.
Estamos, entonces, ante una crisis silenciosa. La pieza más importante del rompecabezas es la complicidad de servidores públicos colombianos dentro de la Cancillería y la Registraduría. Es necesario que los arrestos recientes vayan acompañados de condenas y de la búsqueda de las bandas para desarticularlas. Volvemos a mencionar la elaboración de pasaportes, pues el cambio de proveedor podría abrir la puerta a nuevas oportunidades de falsificaciones si no se mantienen los requisitos de calidad. El Estado necesita entrar en alta alerta.
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