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En vísperas de que se cumplan siete años de la muerte de Dilan Cruz, la justicia colombiana emitió una sentencia que no deja lugar a dudas: fue culpa de la Policía Nacional. Por supuesto, ya lo sabíamos desde el primer momento de aquel infame 23 de noviembre de 2019. Los videos que se difundieron por redes sociales dejaron a la vista de todos cómo un disparo del policía Manuel Cubillos, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), golpeó directamente a Cruz y lo mató. Sin embargo, en esos días, en medio de masivas protestas, se esgrimieron todo tipo de argumentos por parte de la institucionalidad para buscar culpar al joven de 18 años. Como si protestar fuese un delito; como si hubiera justificación alguna para que la Policía reaccione con descontrolada violencia en momentos de alta tensión.
Se dijo, una y otra vez, que Cruz tenía la culpa porque había devuelto gases lacrimógenos arrojados por la Policía. El Tribunal de Cundinamarca, en segunda instancia, concluyó que ese tipo de razonamiento es viciado y peligroso. “El hecho de que un manifestante devuelva gases lacrimógenos que previamente lanzó la autoridad pública, bajo ninguna consideración puede ser considerado como causa cierta y eficaz para que la autoridad pública utilice un arma potencialmente letal contra su integridad”, dice la sentencia. El desequilibrio de poder de la situación exige a la fuerza pública actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Nada de eso se cumplió en el caso de Dilan.
Hace cuatro años, en entrevista con El Espectador, David Medina, tío de Cruz, se lamentó precisamente por la campaña de desprestigio en contra del joven. Con evidente frustración, explicó que Cruz no era más que “un joven estudiante de un colegio público de grado 11 que, como cualquier joven de este país, quería estudiar. Salió a movilizarse en noviembre de 2019 y lamentablemente se encuentra con que lo asesinan y su imagen fue manchada desde ese momento por los medios de comunicación, por la ciudadanía y por la Policía que lo han tildado de vándalo y de guerrillero”.
Por supuesto, no era un vándalo ni un guerrillero. Cruz se convirtió en el lamentable rostro de las protestas que se dieron en el país durante el 2019, 2020 y 2021. No fue la única víctima mortal del actuar abusivo e irresponsable de las autoridades. A pesar de que el caso recibió la atención del país entero, la justicia ha cojeado. Esta sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca aumentó la indemnización para la familia y ordenó un acto de reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, también dice que, al haber catalogado el arma como “menos letal”, la Policía no le permitió a sus agentes hacer una evaluación correcta al momento de usarla. Es decir, la institución tuvo la culpa, pero no hay mucho futuro para sanciones individuales, más allá de una multa de la Procuraduría.
En un video publicado en redes sociales, la familia de Cruz dijo valorar que “después de tantos años, un Tribunal haya reconocido la responsabilidad del Estado por la muerte de Dilan”. Y agregaron: “la justicia no termina con una sentencia. La justicia también se construye con memoria y con acciones que eviten que otras familias vivan el mismo dolor que nosotros hemos vivido”. ¿Se encuentra el Estado colombiano en capacidad de garantizar que, frente a momentos de manifestaciones, no se repitan tragedias como la de Cruz? Es una pregunta abierta que el gobierno entrante no puede dejar de responder.
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