¿Defensa de la seguridad nacional o xenofobia?

¿Se justificaba una medida tan drástica contra Miguel Ángel Calderón, que rompe con su unidad familiar y lo arroja de vuelta a un país en crisis? Nos parece, a todas luces, un actuar desproporcionado. / Foto: Cortesía

No hay excusa para que las autoridades migratorias actúen de manera desproporcionada contra los venezolanos que viven legalmente en Colombia. En el contexto del paro nacional, que los discursos desde el Gobierno han querido mostrar como un complot del régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar nuestro país, Migración Colombia ha aprovechado para deportar a decenas de extranjeros en procesos administrativos que, al ser llevados a cabo con una velocidad inusitada, no permiten estudiar de manera razonable cada caso. La deportación de Miguel Ángel Calderón, un migrante que tenía todos los papeles en regla y cuenta con una esposa e hija, ambas colombianas, deja muy mal parado al Estado colombiano. ¿Desde cuándo un ciudadano que ha cumplido todas las leyes es un riesgo para la seguridad nacional?

Calderón trabajaba entregando domicilios a través de la plataforma Rappi. Vive en Colombia desde 2016 y cuenta con un Permiso Especial de Permanencia (PEP). En otras palabras, es un migrante que ha respetado la legalidad colombiana y tiene todos sus papeles en regla. Eso no fue suficiente para evitar que Migración Colombia lo acusara, sin mayor sustento, de ser un espía.

El caso es así: Calderón grabó un video en el edificio donde supuestamente vive el presidente Iván Duque para enviárselo a su esposa. Como explicó Rodrigo Uprimny, “eso lo volvieron una ‘amenaza’ a la seguridad nacional”. Empezaron inmediatamente el proceso de deportación y el miércoles de esta semana lo sacaron de Colombia por la frontera en Cúcuta. ¿Se justificaba esa medida tan drástica, que rompe con su unidad familiar y lo arroja de vuelta a un país en crisis? Nos parece, a todas luces, un actuar desproporcionado.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Dejusticia y la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes rechazaron los hechos y anunciaron que buscarán medidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, en Colombia, una jueza de tutela falló contra Calderón en primera instancia, porque considera que la seguridad nacional debe primar (cuando ese no es el debate aquí, sino si había pruebas suficientes para tal decisión); al cierre de esta edición, está pendiente un fallo de segunda instancia. El daño, no obstante, ya está hecho.

Contrasta esta situación con la actitud de apertura y compromiso con los migrantes venezolanos que ha adoptado la administración de Iván Duque. No puede ser que todo el Gobierno esté adoptando medidas celebradas internacionalmente para atender esta crisis de manera solidaria y, al mismo tiempo, haya autoridades migratorias que no escuchan razones ni muestran disposición de reflexión y humanismo.

Como explicó Francisco Quintana, director de la Cejil en el continente, “la medida de expulsión conlleva un rompimiento a la unidad familiar y tiene un efecto directo en el desarrollo de su hija de seis años. Es lamentable que los discursos xenófobos se mantengan arraigados e impacten las vidas de las personas más vulnerables y sus familias”.

Con decisiones que fomentan el temor entre los venezolanos migrantes, incluso aquellos que han cumplido con todas las normas en Colombia, no se protege la seguridad nacional. Únicamente se consigue cultivar un ambiente propicio para la xenofobia.

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