Mientras el Gobierno de Gustavo Petro insiste en que la seguridad del país ha mejorado, en Putumayo acaban de elegir a un gobernador señalado de haber recibido el apoyo de una organización armada. Las elecciones atípicas se hicieron en medio de fuertes presiones, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y líderes sociales que han hablado con El Espectador en medio del terror de ser perseguidos. Aunque el gobernador electo niega cualquier tipo de influencia negativa, la situación en Putumayo muestra lo que sigue ocurriendo en territorios donde la presencia de grupos armados se convierte en una autoridad de facto y el Estado no responde.
Nos encontramos en uno de esos casos extraños de Colombia, donde hay señalamientos que se dicen en medio de susurros y se acumulan hasta convertirse en gritos, pero también donde nada se ha probado y los involucrados niegan que haya pasado algo turbio. Sin embargo, el país entero debe conocer los testimonios recopilados en prensa, pues apuntan a que, en efecto, el grupo Comandos de Frontera utilizó su fuerza para que las elecciones no fueran libres.
En Colombia+20 de El Espectador, por ejemplo, una fuente reservada nos confirmó cómo operó la logística para una movilización que se realizó antes de las elecciones. “La mayoría de la gente no quería salir porque los obligaron a marchar. Incluso les estaban cobrando hasta $5 millones si no salían a las marchas”, explicó, para agregar: “En un audio señalaron que para el caso de Puerto Asís debía salir la mitad de la población, y tal cual fue eso, la manifestación estuvo casi rondando las 10.000 personas”. Lo abrumador del testimonio, corroborado por otras fuentes, es la capacidad que tiene un grupo ilegal en un territorio que supuestamente debería estar bajo control del Estado colombiano. Se sienten los ecos de los 80, los 90 y principios de los 2000, cuando había regiones del país donde la democracia estaba supeditada a los designios de los alzados en armas.
Hay más relatos. El País de España cuenta de tres fuentes, también reservadas, que confirmaron que en Puerto Leguízamo los Comandos de Frontera estaban promoviendo la candidatura del eventual ganador, John Gabriel Molina Acosta. Ese periódico cita a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que lleva insistiendo en prestar atención a Putumayo. Una de las fuentes es clara: “Acá esos manes (Comandos de Frontera) están apoderadísimos de esa vuelta. Mira que acá ya se metieron. El de amarillo (John Molina) vino acá a Guadualito y mandaron a llamar a toda la gente (los Comandos de Frontera). Teníamos que ir; no era si queríamos”, dijo.
Ahora Molina Acosta es el nuevo gobernador, con 42.673 votos. Él niega cualquier tipo de nexo ilegal. En Blu Radio, por ejemplo, insistió en su transparencia. Puede ser, claro, que sea víctima de la desinformación. Sin embargo, el punto más importante es otro: las personas que viven en Putumayo se sienten abandonadas a su suerte, sin poder resistir la influencia de los grupos ilegales. En medio de los procesos de paz total la ausencia estatal se ha recrudecido y, con ello, la democracia tambalea.
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