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Más allá de los nubarrones grises que acompañaron las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador de Putumayo, el ambiente electoral ya venía ensombrecido por dos momentos claves que caldearon los ánimos y tensionaron a las comunidades.
De hecho, el resultado final, que con más de 42.000 votos le dio la victoria a Jhon Gabriel Molina, encendió las alertas en varios sectores, pues antes de los comicios hubo denuncias del presunto respaldo a su campaña de políticos cuestionados y del supuesto apoyo de los Comandos de Frontera, disidencia de las FARC que controla buena parte del Putumayo y es comandada por Geovany Rojas (Araña).
Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esa estructura ilegal presionó a los electores para impulsar el voto por Molina, quien ha negado estos señalamientos.
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Molina Acosta, quien asumirá como nuevo gobernador, aspiró por la coalición Putumayo, ¡Vamos en serio!, conformada por el partido Conservador, AICO y MAIS.
El contexto de la tensa elección en el departamento
El primer hecho que tensionó la contienda electoral fue la captura de Rojas, quien participa en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno.
Rojas fue detenido el 12 de febrero por agentes del CTI de la Fiscalía tras la expedición de una circular roja de Interpol, con orden de extradición a Estados Unidos por un presunto caso de narcotráfico. Ahora es incierto su futuro en la mesa de paz que adelanta el Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (que surgió tras una división de la Segunda Marquetalia).
Araña está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, esperando que se defina su situación jurídica.
El segundo hecho fueron las marchas sobre las que se denunció una supuesta presión a los putumayenses por parte de grupos armados para elegir a un candidato en particular y pedir la liberación de Araña.
Si bien algunas manifestaciones fueron convocadas por organizaciones sociales en apoyo a la paz, se encendieron las alertas ante supuestas amenazas de los Comandos de Frontera para constreñir a la población en su voto. Incluso en medio del silencio se conocieron denuncias que daban cuenta de las presiones a las que fueron sometidos los habitantes.
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Las denuncias de supuesta influencia de los Comandos de Frontera
“La mayoría de la gente no quería salir porque los obligaron a marchar. Incluso les estaban cobrando hasta $5 millones si no salían a las marchas. En un audio señalaron que para el caso de Puerto Asís debía salir la mitad de la población y tal cual fue eso, la manifestación estuvo casi rondando las 10.000 personas”, informó una fuente a Colombia+20, que por seguridad prefirió reservar su identidad.
Ante ese panorama, la Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana número 030 de 2023 para advertir los riesgos de los comicios en Putumayo y destacó las posibles presiones de los grupos armados en ese departamento. Al respecto, la defensora Iris Marín ratificó las alertas y enfatizó en el municipio de Puerto Guzmán, donde se realizó la elección de alcalde. La alerta también reveló que los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís estaban en riesgo alto.
“Se tiene conocimiento de que los grupos armados organizados están contactando a candidatos, organizaciones y líderes sociales y comunitarios, citándolos a reuniones con el fin de cooptar procesos organizativos. Así, por ejemplo, el grupo Comandos de la Frontera estaría ordenando la postulación de determinados candidatos, mientras restringe la participación de otros”, dice el documento de la Defensoría.
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Esas supuestas presiones para pedir la liberación de Araña e interferir en la jornada electoral iban acompañadas de amenazas de muerte y desplazamiento forzado.
La organización Marcha Patriótica se pronunció en su momento en un comunicado para denunciar y rechazar la situación. “No es con amenazas y constreñimientos como se construye la paz (...) no es obligándoles a salir a cambio de no ganarse una multa o la misma muerte o el desplazamiento. Es indignante para la gente que ha sido víctima de este grupo tener que salir obligada a una marcha a defender a uno de los responsables de sus desgracias con la falsa excusa de que es una marcha por la paz”, se lee en el comunicado.
Delegación de paz dice que tomó acciones ante denuncias
Según información recogida por Pares, “los Comandos de Frontera estarían intentando usar los programas de transformación territorial financiados por el Gobierno nacional en el marco de la mesa de negociaciones (...) no solo para aumentar su gobernanza criminal sobre los pobladores del departamento, sino también para presuntamente impulsar la campaña a la gobernación del candidato Jhon Molina”.
Sin embargo, señalan que, ante las intenciones del grupo armado, los negociadores del Gobierno solicitaron aplazar varios eventos en el marco de la mesa de diálogo.
En entrevista con Colombia+20, Armando Novoa, jefe del equipo negociador de Petro, explicó que tomaron medidas para impedir la interferencia en elecciones.
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“El 16 de enero decidí suspender el evento que había pactado con las comunidades desde diciembre precisamente para impedir que ellos lo utilizaran para apoyar a uno u otro candidato a la gobernación del departamento (...) El grupo está influyendo en las elecciones, pero eso no es porque exista la mesa. El grupo tiene una presencia en el departamento casi que hegemónica. Es un problema complejo, un problema que no se puede circunscribir en relación con los diálogos de paz porque es un problema que se ha gestado de tiempo atrás, y lo que nosotros estamos haciendo es tomando las medidas que estén a nuestro alcance para que eso ocurra”, dijo Novoa.
Entre esas medidas, el jefe negociador del Gobierno también expuso que en varias reuniones se ha conminado a Comandos de Frontera a interferir en la voluntad de los electores ni usar mecanismos de coacción a favor de algún candidato. En ese contexto, Novoa propuso la instalación de una comisión de garantías electorales, dada su experiencia de exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, y explicó que una de las razones para aplazar las elecciones en Putumayo fue la coacción de los Comandos de Frontera, pero resaltó la necesidad de separar ese accionar de la mesa de negociación con el Gobierno. “No es apropiado relacionar nuestra mesa con eso que está pasando. Nuestra mesa ha intervenido para hacer lo contrario de lo que se sugiere podría estar ocurriendo”, dijo.
Lo que viene en el caso Araña
La captura de Geovany Andrés Rojas, Araña, dejó entrever las grietas de la paz total de Petro y puso en jaque la mesa de diálogo con la disidencia que comanda Walter Mendoza, tras la ruptura con la Segunda Marquetalia. Durante su reclusión en La Picota, su equipo jurídico interpuso un habeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero este fue negado por el magistrado que recibió la petición porque no ha recurrido a todas las instancias debidas antes de usar esa figura para su proceso.
Una semana después de la captura, el presidente Petro se refirió a la orden de extradición contra Rojas y dijo que esta puede cesar si los procesos de paz avanzan. “Las normas de Colombia dicen que las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El avance se mide en el desmantelamiento de la economía ilícita y en el respeto a los derechos de la población”, dijo el mandatario.
Por su parte, el comisionado de paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno sí le ha planteado a la Fiscalía que suspenda la orden de captura contra Rojas con la premisa de que el proceso sí está “bastante adelantado”.
Sin embargo, el ente acusador ya empezó con los trámites para desarrollar la solicitud de extradición. Aunque pareciera que el pedido del Gobierno, en cabeza de Patiño, a la Fiscalía para que suspendiera la solicitud no surtió mayor efecto, Armando Novoa, jefe de la delegación, explicó a Colombia+20 que en realidad la entidad está ejerciendo sus competencias dentro del curso normal, por lo que la suspensión puede llegar en cualquier momento en razón del proceso de paz.
“En este momento es la Fiscalía la que tiene que evaluar teniendo en cuenta que este es pedido del Gobierno nacional y que esperemos que no se convierta en un trámite judicial con controversias, porque ese procedimiento que establece la ley es un procedimiento expedito que está bajo la autonomía y las competencias del Gobierno nacional. Lo que se le está pidiendo a la Fiscalía es que suspendan los efectos de la orden de captura, no que la revoque, para permitir que avance el proceso de paz. La competencia para decidir si se otorga o no una extradición es del presidente de la República”, declaró Novoa.
Mientras se resuelve la situación jurídica de Araña, la delegación de Gobierno intenta que los avances que se han logrado en este tablero de diálogos no se frenen por su detención.
Hasta el cierre de esta edición, el equipo negociador de Petro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano perdió todo contacto con los delegados de paz en esa mesa y están tratando de restablecer la comunicación en el menor tiempo posible. Según Novoa, la última comunicación que tuvieron fue tras la captura de Araña, donde expresaron total desconfianza y temor frente a la posibilidad de correr la misma suerte. Por ahora, el único que se ha pronunciado es el jefe de la delegación, Walter Mendoza, quien aseguró que seguirán con el proceso, siempre y cuando se logre la liberación de Araña.
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“El proceso está en un momento crítico porque perdimos el diálogo y la agenda, el cronograma de actividades que se habían pactado quedó en el aire. Tenemos que recuperarlo. Está suspendido porque no hemos tenido posibilidad de establecer el diálogo con ellos. Estamos buscando fórmulas. No tenemos todavía una hoja de ruta clara, pero nuestro propósito es restablecer una comunicación directa con ellos. Esto es completamente contraproducente por las consecuencias que está trayendo esa situación”, concluyó Novoa.
Por ahora, resta esperar a que las autoridades definan lo que sucederá en este caso y, a su vez, los posibles efectos que tenga la elección del nuevo gobernador del Putumayo. Los comicios atípicos dan pinceladas de la posible intervención de estructuras ilegales en las votaciones, advierten varias organizaciones y entidades.