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La historia es macondiana. Un representante a la Cámara por el Centro Democrático (CD), Gustavo Londoño García, logró que una jueza le adjudicara hace dos años la propiedad sobre un territorio de Vichada que es más extenso que todo el archipiélago de San Andrés. Para eso contó con la ayuda de un empresario local, Nicolás Laserna. El problema es que las 6.633 hectáreas que reclamaron como propias eran terrenos baldíos, es decir, propiedad del Estado. En otras palabras, querían robarles a todos los colombianos.
La Liga Contra el Silencio, una agrupación de medios de comunicación, publicó la denuncia hace más de un mes. En ella se cuenta cómo Londoño se hizo dueño de una finca, llamada Buenavista, en el municipio La Primavera (Vichada). Allí tiene, como cuenta el reportaje, “600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán, que desemboca allí mismo en el río Tomo”.
El argumento de Londoño y de Laserna para respaldar su propiedad sobre esos terrenos es, cuando menos, ingenuo. Laserna le dijo a la Liga que “esos son mal llamados baldíos; un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie” y que, aunque ellos en efecto consideraron consultar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT, entidad que administra la propiedad de los baldíos a nombre del Estado), “(en la ANT) nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”. Dicen que han ocupado las tierras desde 2008, las han puesto a producir y que por eso no hicieron nada mal al pedirle a la jueza Derlis Vega Perdomo que les adjudicara los predios.
Son muchas las preguntas que suscita esa versión. ¿Por qué, si fueron testigos de corrupción en la ANT, no procedieron a denunciar y solo hasta ahora cuentan esa versión? ¿Cómo un parlamentario, que tiene la responsabilidad de conocer y cumplir las leyes expedidas por la rama a la que pertenece, no sabe que los baldíos son propiedad de la nación y no pueden ser ocupados ni mucho menos adjudicados? ¿Por qué Laserna y Londoño pagaron parte de los costos del viaje de la jueza Vega, a quien hospedaron en la casona durante varios días junto con otros funcionarios del juzgado? ¿Por qué la jueza no convocó a la ANT cuando se le presentó el caso en su despacho?
Esa última pregunta terminó siendo el quiebre de este caso. Esta semana, la Sala Civil del Tribunal Superior de Villavicencio falló una tutela, interpuesta por la ANT, y dejó sin efectos la adjudicación de las hectáreas. También compulsó copias para que se investigue a la jueza Vega por no haber actuado en derecho. Todo el proceso que favoreció al congresista fue declarado, como era de esperarse, inválido.
La situación no debería quedar así. Es a todas luces evidente que el parlamentario ha incurrido en actuaciones reprochables, que afectan el patrimonio de todos los colombianos, que empeoran la desigualdad en la propiedad de la tierra del país y que perpetúan el imaginario de que hay regiones que pertenecen a unos pocos poderosos. ¿Qué tiene para decir el partido de gobierno Centro Democrático, que tiene como una de sus banderas la legalidad? ¿Quién asumirá la responsabilidad política? El país espera respuestas.
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