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Darles mejor información a los colombianos sobre la comida que consumen no debería causar traumatismos en el gremio empresarial del país. El anuncio del Ministerio de Salud sobre una nueva regulación de etiquetado para alimentos ultraprocesados generó respuestas preocupadas por parte de la industria, pero las propuestas que se hacen desde la cartera son razonables y necesarias. Adicionalmente, la experiencia en nuestro país ha mostrado que este tipo de medidas sí funcionan para el objetivo deseado. Aunque el Gobierno necesita abrir mesas de concertación y considerar plazos más razonables para la transición, no se debería echar para atrás una decisión importante.
En El Espectador hemos documentado la larga lucha por tener un etiquetado más claro en los alimentos, así como la de utilizar impuestos a bebidas azucaradas para fomentar mejores patrones de consumo. El año pasado compartimos dos estudios que muestran por qué estas medidas, más allá del ruido que generan, sí llevaron a resultados positivos. Investigadores de PROESA (de la Universidad Icesi y Fundación Valle del Lili) encontraron que la regulación llevó a reducir el azúcar y el sodio en los ultraprocesados que se comercializan en el país. Otra investigación de la Universidad del Rosario demostró por su parte que los impuestos a las bebidas azucaradas y el etiquetado de los ultraprocesados no llevaron a la hecatombe laboral que se predecía ni a la reducción de los ingresos.
Más allá de eso, la experiencia anecdótica demuestra que las personas sí utilizan dentro de sus consideraciones la información del etiquetado. Contrario a las tablas nutricionales que son confusas para el público en general, este tipo de intervención envía un mensaje claro y ayuda en la conversación sobre cómo comer de mejor manera. Por eso, la propuesta del Ministerio de Salud de introducir un “sello positivo” que les cuente a las personas cuando un alimento es saludable es una gran idea.
Claro, el debate se ha concentrado en otras medidas del decreto, como incluir microsellos, utilizar una forma triangular para que tenga mayor impacto y crear la advertencia de “ultraprocesados”. El gremio empresarial se ha opuesto diciendo que esa categoría no tiene sustento científico, que la introducción de microsellos y nuevos etiquetados implica un gasto considerable y que el tiempo de transición, de seis meses, es insuficiente. También, nuevamente, está el argumento de los pequeños emprendimientos que no pueden soportar ese tipo de inversión. Piden que haya concertación.
Estamos de acuerdo en que es necesario un diálogo. El Ministerio de Salud necesita escuchar a todos los actores, incluyendo a los productores y comercializadores, y hacerlo con genuino interés y apertura. Algunas de sus preocupaciones son justificadas, como la falta de tiempo para hacer cambios en paquetes que ya están impresos. Sin embargo, nos parece que cerrarse a la utilización de este tipo de medidas es inadecuado. Los colombianos necesitan tener información clara, simple y precisa que les facilite saber qué están comiendo. También se deben evitar las trampas que se han conocido, como reformulaciones de productos con el único objetivo de saltarse el etiquetado, pero que en la práctica no llevan a tener comida más saludable.
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