El “hacker” y la campaña de Óscar Iván Zuluaga

Si bien nos parece apresurada la conclusión de Zuluaga, estamos de acuerdo en que estos hechos hay que investigarlos por las serias implicaciones que conllevan.

Lo dicho por Quintana no es suficiente para concluir que se trató de una infiltración.

Ayer el excandidato presidencial  Óscar Iván Zuluaga presentó denuncia ante la Fiscalía contra el almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por una supuesta infiltración de la campaña del Centro Democrático para favorecer la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Aunque los datos que se han conocido recientemente necesitan una explicación clara de las autoridades, no son suficientes para hablar de un cómplot e ignorar las pruebas que existen en procesos aún en curso. El escándalo también es un recordatorio del problema que producen las investigaciones que se extienden indefinidamente en el tiempo, sin darle cuentas al país de lo ocurrido.

Durante la contienda electoral por la Presidencia en 2014 se filtró en medios de comunicación un video donde Óscar Iván Zuluaga aparecía reunido con Andrés Sepúlveda, quien hoy está condenado a diez años de prisión por haber interceptado ilegalmente las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno en La Habana. Desde entonces, la Fiscalía adelanta investigaciones para definir si Luis Alfonso Hoyos, principal asesor de la campaña Zuluaga, David Zuluaga, y el mismo candidato tenían algo que ver con las interceptaciones. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia investiga si el expresidente Álvaro Uribe tiene alguna responsabilidad en los hechos.

Julián Quintana, exdirector del CTI, dio a conocer a Noticias RCN que toda la investigación sobre Sepúlveda empezó por una petición del almirante Echandía al exfiscal Eduardo Montealegre y al mismo Quintana. Según contó el exdirector del CTI, Echandía había descubierto un posible grupo de personas de la DNI involucradas en las interceptaciones. También dijo que se reunió recientemente con Echandía, quien, dice Quintana, le insinuó un posible cargo en la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Ante estas declaraciones, Zuluaga dijo que son la “prueba reina de (la) infiltración de la campaña presidencial por parte de la DNI que depende de la Presidencia”. Si bien la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia están en mora de explicar las responsabilidades de todos los involucrados en los hechos, y también deben investigar la participación de la DNI, lo dicho por Quintana no es suficiente para concluir que se trató de una infiltración.

Primero, porque el video de la reunión sigue existiendo. Segundo, porque no es ilegal que la DNI pida a la Fiscalía y al CTI adelantar investigaciones a partir de hallazgos de inteligencia. Tercero, porque el mismo Quintana dijo que el CTI hizo sus propias verificaciones y lo que encontró llevó a la condena de siete personas, probando que existieron las interceptaciones. Cuarto, porque Quintana dijo, en entrevista con Semana, que, según su opinión, “sí había evidencias que pueden acreditar (la) posible responsabilidad (de Hoyos)”. Quinto, porque lo que ha dicho el exdirector del CTI es que existen pruebas contra Zuluaga y su hijo David, pero que no le parecen suficientes para imputar, lo que quedará a discreción de la Fiscalía.

El problema, entonces, es que las autoridades competentes no le han podido explicar al país lo ocurrido. ¿Cuánto tiempo más necesitan? Alargar los procesos permite, precisamente, que surjan escándalos como el actual, que no hacen más que polarizar y generar dudas en las instituciones. Si bien nos parece apresurada la conclusión de Zuluaga, estamos de acuerdo en que estos hechos hay que investigarlos por las serias implicaciones que conllevan. Por el bien de todos los involucrados, Colombia tiene que saber cuanto antes quién tuvo responsabilidad en las interceptaciones, y si había intereses políticos en juego.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]