¿Por qué el preámbulo?

No hay motivos para aplazar tanto el nombramiento de la terna para reemplazar a Eduardo Montealegre en la Fiscalía.

Dos semanas después de que terminara el período de Eduardo Montealegre Lynett como fiscal general de la Nación, el presidente Juan Manuel Santos anunció la lista de 16 preseleccionados para integrar la terna que lo reemplazará. Más allá de las cualidades de los candidatos en el proceso, quedan varias dudas en el aire sobre la velocidad con la que se está llevando a cabo la nominación. ¿Por qué tanta demora?

La Fiscalía de Eduardo Montealegre, como lo dijimos en su momento, fue polémica. Si bien adelantó una agenda ambiciosa —y necesaria— de renovación y reestructuración del ente investigador, sus esfuerzos se vieron opacados por el rol que decidió ocupar en los medios de comunicación con discusiones que se escapaban a las funciones de su cargo. El resultado fue una Fiscalía con justificados cuestionamientos en ciertos sectores de la sociedad, lo que afectó su legitimidad en el cumplimiento esencial de sus funciones. Eso no se puede repetir.

Por eso mismo, no deja de ser extraño el método que decidió emplear la Presidencia para seleccionar a la persona que ocupará ese cargo. La primera pregunta que debe hacerse es por qué, si con antelación se sabía que el período de Montealegre terminaba el 28 de marzo de este año, no se inició todo el proceso mucho antes, de modo que el país ya tuviera un nuevo fiscal y no una Fiscalía en interinidad, con todo lo que eso significa para sus procesos internos y para empezar a recuperar la confianza perdida.

Pero, más allá de eso, lo que ocurrió con el proceso de selección es que, pese a sus intenciones de brindar más transparencia a la selección, terminó siendo todo lo contrario, pues abrió las puertas al trabajo politiquero de siempre. Ahora que este “reality de la Fiscalía” —como se ha comenzado a llamar, no sin razón— ha dejado una lista de 16 finalistas, hemos visto a los diferentes partidos políticos haciendo reuniones y presionando para mover al candidato que más se ajuste a su causa, de tal manera que puedan reclamar el nombramiento como un triunfo de su colectividad. Ni hablar de las intrigas que se mueven en contra de algunos candidatos. ¿Es eso lo que de verdad necesita Colombia en este momento? ¿Seguir jugando con la candela de mezclar la política con la justicia?

Las consideraciones de conveniencia política no deberían suplantar las de las características particulares del país en este momento, y el rol que la Fiscalía está llamada a jugar en la construcción de una nueva Colombia. Sí, es útil que el próximo fiscal no sea hostil a los esfuerzos que se adelantan con las Farc y con el Eln, pero también es necesario que la persona nominada entienda que la Fiscalía necesita competencia y un profundo respeto por el cargo, no que se utilice como un trampolín para otro tipo de aspiraciones —como ha pasado, lastimosamente, en tiempos recientes en los distintos entes de control—.

El mejor aporte que podría hacerle el presidente Santos al ambiente del país es nominar cuanto antes a los candidatos que él considera que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo y que Colombia tenga un fiscal en propiedad pronto. Que quien quede no se vea como una cuota, sino que su nombramiento sea intachable.

En el eventual posconflicto, la Fiscalía tiene una de las tareas esenciales para su éxito, especialmente por su conocimiento de los procesos contra todas las personas que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. El éxito de su labor de construcción de verdad dependerá en gran medida de la legitimidad que le imprima la persona que esté al mando. Esta decisión, entonces, debe sacudirse los intereses individualistas de los caciques políticos y responder al momento histórico de Colombia. El presidente tiene en su poder la posibilidad de crear una terna contundente. Ojalá lo haga, y pronto.

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