La solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro durante el último Consejo de Ministros al Minsalud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de liquidar todas las EPS que estén en quiebra —sin especificar cuáles— prendió las alarmas entre los actores del sistema y sus usuarios. De llevarse a cabo, sin ninguna claridad al respecto, representaría un riesgo mortal para pacientes que dependen de medicamentos vitales y que, como determinó la Procuraduría en el caso del menor Kevin Acosta, paciente de hemofilia, pueden perecer por negligencia de su institución de salud. Tal como varios expertos le indicaron a El Espectador, una liquidación no es un proceso que se lleve a cabo de la noche a la mañana y al Gobierno le quedarían menos de cinco meses para cumplir ese cometido sin dejarle una crisis administrativa en el sistema a la próxima administración; sin duda, un objetivo difícil de alcanzar.
Hay que ser claros: la liquidación de las EPS no es un proceso nuevo ni mucho menos ilegal. Como reporta la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), 44 EPS han pasado por este proceso durante los últimos gobiernos. Según la Superintendencia Nacional de Salud, en el gobierno de Andrés Pastrana fueron liquidadas nueve EPS; en los de Álvaro Uribe, cinco; en los de Juan Manuel Santos, 18; y en el de Iván Duque, 10. El gobierno Petro venía optando por las intervenciones administrativas más que por las liquidaciones; sin embargo, y ante la falta de claridad oficial, exfuncionarios del sector salud creen que seis de las siete EPS intervenidas por este Gobierno –omitiendo a Nueva EPS– se sumarán al histórico de las entidades promotoras de salud liquidadas.
El plan del actual mandatario para los usuarios de esas EPS sería que pasaran a Nueva EPS, la cual cuenta actualmente con 11,5 millones de usuarios. Esta idea va en línea con el decreto 182 de 2026, expedido a finales de febrero por el Ministerio de Salud, el cual propone trasladar al menos otros 2,4 millones de usuarios a Nueva EPS para reorganizar el mapa del aseguramiento en Colombia —aunque esa medida quedó en pausa por decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. La idea fue rechazada por la misma ACHC en carta del 2 de marzo al ministro Jaramillo: “La Nueva EPS no tiene la capacidad para responder a sus usuarios actuales y menos aún para recibir a más población y garantizar el equilibrio y estabilidad de la red de las IPS”. Por su parte, los colegios médicos de Cauca, Antioquia, Cundinamarca-Bogotá, y Santander coinciden en que no es el momento de reorganizar las EPS del país.
Se valora el parte de tranquilidad entregado por la Supersalud, que llamó a la red de prestadores para que continúen garantizando la atención a los usuarios. Sin embargo, el presidente parece empecinado en utilizar sus últimos meses de mandato para implementar a las malas una reorganización del sistema cuyo precio lo pagarían los pacientes, que ya se han visto perjudicados por las falencias de Nueva EPS.
De momento, hay más incertidumbres que certezas. El jefe de Estado ha dicho que, como el Congreso no aprobó su reforma a la salud, “no quedaron alternativas”, y que de todos modos presentará el proyecto nuevamente el 20 de julio, cuando comience el nuevo cuatrienio legislativo. Por el bien de los usuarios y la salud del país, lo mejor sería no comenzar un proceso incierto, dispendioso e irresponsable que podría quedar a medio camino si un nuevo proyecto político aterriza en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
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