El tortuoso proceso de semaforización en Bogotá

La decisión sobre semaforización inteligente en Bogotá se siente como la crónica de una muerte anunciada. Diez años lleva la capital intentando modernizar su red de semáforos y, aunque la administración de Enrique Peñalosa entregó finalmente el contrato y la ejecución de éste parece estar al día, desde el principio el proceso estuvo lleno de reparos, advertencias y situaciones problemáticas.

Esta semana, la Procuraduría General de la Nación decidió que “hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”.

Por eso, en primera instancia, destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos a Juan Pablo Bocarejo, actual secretario de Movilidad de la ciudad. También sancionó a la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo.

En respuesta, el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, dijo que “no ha habido ninguna acusación de corrupción a Juan Pablo Bocarejo. La decisión de la Procuraduría se basa en una apreciación de errores técnicos que respetamos, pero no compartimos, y que será apelada”. Ambas afirmaciones son ciertas y el asunto no quedará saldado hasta que se presente un fallo de segunda instancia, pero tampoco puede minimizarse la historia del proceso de adjudicación de este contrato.

En síntesis, lo que ocurrió es que el Distrito no atendió las múltiples advertencias y siguió adelante con la adjudicación del contrato. Aunque, en efecto, al 22 de julio de este año se habían intervenido 184 intersecciones con semáforos inteligentes en la ciudad, la buena ejecución del plan no borra lo que ocurrió antes.

Como viene contando El Espectador desde el año pasado, desde la apertura de la licitación la Procuraduría encontró “inconsistencias y anomalías”. El ganador, Consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por Sutec (99 %) y Siemens (1 %), ha estado enmarcado en varios escándalos en otros países que afectan su idoneidad. Además se presentaron unos estados financieros que, al parecer, tenían firmas falsificadas. ¿Por qué estas advertencias no fueron suficientes para que el Distrito dejara su afán con la licitación? ¿Y dónde están las investigaciones de la Fiscalía?

Sería injusto e incorrecto hablar de corrupción, en eso estamos de acuerdo. Pero las discusiones técnicas mencionadas por el alcalde le apuntan a un aspecto esencial de la administración pública: cómo se hacen las cosas es importante. No todo vale al momento de tomar las medidas que la ciudad necesita. Este ha sido un proceso construido sobre irregularidades.

Falta ver qué ocurre en segunda instancia, pero esta situación sirve de advertencia para quien llegue a la Alcaldía el año entrante: las críticas de buena fe deben escucharse al momento de utilizar los recursos de todos los bogotanos.

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