Una y otra vez, el expresidente de la República, Gustavo Petro, ha invocado su derecho a la intimidad para no responder a escándalos en el debate público. Lo hizo con los desplantes constantes a sus obligaciones de agenda como jefe de Estado, lo hizo cuando surgieron preguntas sobre personas cercanas a su órbita personal y ahora lo hace una vez más ante las denuncias hechas por Deicy Jiménez en Semana, quien lo acusa de haberle conseguido contratos en el Estado a cambio de relaciones sexuales. Tiene razón el exmandatario en que su vida íntima es un asunto que no les interesa a los colombianos, pero lo que no es comprensible, ni cuando fue presidente ni ahora desde la oposición, es la manera en que evita responder por decisiones probadas que tomó en pleno uso de su poder dentro del Estado colombiano.
Nos explicamos. Cada uno de los escándalos que han estallado en estos meses puede rastrearse a una cuestionable decisión inicial del presidente Petro. Eva Ferrer, que prendió un ventilador con testimonios escandalosos, pero sin aportar pruebas, fue nacionalizada en tiempo récord y nunca se le explicó al país cuál era la necesidad de esos trámites para tenerla en el Gobierno Nacional. Lo mismo puede decirse de los procesos exprés que trajeron a Manuel Grau y Xavier Vendrell, quienes están en el ojo del huracán de las denuncias. La Casa de Nariño no quiso responder; la primera dama, Verónica Alcocer, tampoco dio mayores explicaciones, y ahora lo que tenemos es un montón de acusaciones de corrupción que dejan muchas preguntas.
No es el único caso. Angie Rodríguez llegó al Gobierno en el grupo traído por Armando Benedetti. Sobre el exministro del Interior, que ha guardado silencio en este tiempo, ya había suficientes dudas antes de entrar al Gobierno y luego protagonizó unos audios, que no olvidamos ni podemos permitir que se olviden, donde buscó extorsionar al presidente y a su mano derecha del momento, Laura Sarabia. Luego la misma Rodríguez confesó que, en medio de un encargo oficial, les pidió a exparamilitares que enlodaran a miembros de la oposición. Fue el presidente Petro quien la nombró como la cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y luego buscó descalificarla tildándola de “paciente psiquiátrica”. ¿Y la responsabilidad del nombramiento?
Juliana Guerrero, a quien el presidente defendió abiertamente en un consejo de ministros televisado a todos los colombianos, ya confesó ante la Fiscalía su actuar delictivo para obtener el título de la Fundación San José. Sobre ella y su hermana, Verónica Guerra, recaen denuncias de haber influido de manera indebida en entidades del Estado bajo la autorización del presidente Petro. De nuevo, fue el mandatario quien la llevó al Gobierno. También hay preguntas sobre el rol de Gabriela Muñoz y su familia en la contratación de la Aeronáutica Civil. Ahora, la misma Deicy Jiménez se autoincriminó al decir que recibió contratos estatales por su relación con el mandatario. Los contratos, por unos COP 100 millones, existieron.
A todo esto, el expresidente Petro responde con poesía y evasivas. “Cuando en (la búsqueda del amor) encuentro vidas destruidas por una sociedad machista, que discrimina económica y socialmente a las mujeres, hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar una realidad”, escribió. Expresidente, no nos interesa lo que ocurra en su vida íntima, pero el país necesita respuestas a preguntas más sencillas: ¿por qué entraron al Estado estas personas que ahora están bajo investigación? ¿Por qué Jiménez obtuvo los cargos a los que accedió y ahora da el testimonio que conocimos? ¿Hubo, acaso, tráfico de influencias? Un revolucionario les debe respuestas a sus votantes, y también al país entero, sobre el uso de los recursos públicos. El resto, tiene razón, es chisme.
Nota del director 1: el titular de este editorial fue modificado de una versión inicial que daba una idea errónea del valor profundo de la poesía. Disculpas por eso.
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