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La promesa de la justicia transicional era mostrar la magnitud del horror que vivimos en los años del conflicto armado. La está cumpliendo. La cifra de por lo menos 6.042 personas inocentes que fueron asesinadas por miembros del Ejército y presentadas como bajas en la lucha contra la guerrilla es un avance significativo en la búsqueda de la verdad. También es un baldado de agua helada para quienes desean adoptar el negacionismo como estrategia de memoria histórica. Durante años hemos contado con reportes periodísticos, algunos avances en la Fiscalía y la recopilación por parte de organizaciones de víctimas para medir el impacto de los mal llamados “falsos positivos”, pero el esfuerzo de sistematización y contraste realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene una fuerza simbólica devastadora. Colombia debe ver que no podemos construir futuro olvidando el pasado y evitando la necesaria pregunta por los responsables de los hechos atroces.
Según la JEP, entre 2002 y 2008 se presentaron, al menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales. En este lapso, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se presentó el 78 % de las victimizaciones históricas. Esa cifra puede aumentar, a medida que continúen las investigaciones y se obtengan admisiones de responsabilidad, pero no disminuir. Se trata de un cambio rotundo en la narrativa nacional, dado que es la primera vez que una entidad del Estado colombiano reconoce el número tan alto de víctimas. La Fiscalía había reportado 2.248 casos. ¡Ahora tenemos el triple!
Es descorazonador, aunque no sorprende, ver que la respuesta oficial de varios líderes políticos fue descalificar a la JEP. El expresidente Álvaro Uribe Vélez la llamó “sesgada” y publicó una lista de organizaciones a las que calificó “enemigas declaradas del Gobierno que presidí”. El exmandatario utiliza la respuesta agresiva pues se siente aludido. No es para menos. Según un informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), con la llegada de Uribe a la Presidencia, “a partir del año 2002, el índice de ejecuciones extrajudiciales aumentó en un 138 % con relación al año inmediatamente anterior”. Para un presidente que construyó su prestigio político en torno a la idea de haberle devuelto la tranquilidad y la seguridad a Colombia, la existencia de tantas personas asesinadas en medio de una política de incentivos dentro del Ejército ofrece un contraste tétrico.
Sin embargo, que el expresidente y el partido del Gobierno actual, el Centro Democrático, opten por el negacionismo no debería ser razón para que el resto del país los siga. Se trata de investigaciones difíciles que todavía están en curso: es momento de rodear a la JEP y reconocer que su labor es esencial. El rechazo a los asesinatos extrajudiciales no debería ser ideológico: desde el Partido Conservador hasta el Polo Democrático, todas las fuerzas deberían ser claras en su rechazo y en querer que se sepa qué fue lo que pasó.
Sobre eso, el presidente de la República, Iván Duque, debería ser vehemente en su defensa de la institucionalidad y de la justicia transicional. Como representante de todos los colombianos, tiene que salirles al paso a quienes desean torpedear el acuerdo. No hacerlo es adoptar, en la complicidad del silencio, la actitud dañina del Centro Democrático.
Lo propio debería hacer el Ejército Nacional. No hay institución con más interés en que se sepa qué fue lo que pasó. Su comandante, general Eduardo Enrique Zapateiro, publicó un lamentable tuit protegiéndose de las que identificó como “víboras”. Aunque después aclaró que no se trataba de la JEP y que respetaba la institucionalidad, el momento de difusión del mensaje fue sospechoso. En contraste, debería rechazar lo ocurrido con vehemencia, poner el Ejército a disposición de la justicia transicional y entablar un diálogo que ayude a la reconciliación. Llegó el momento de las verdades difíciles. No lo desaprovechemos.
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