Le queda muy mal a la Policía Nacional inventarse maromas para ocultar información pública, pero eso fue precisamente lo que hizo cuando El Espectador pidió acceso a un expediente público que despierta preguntas sobre cómo opera el régimen disciplinario de la institución. Cuando la unidad de investigación de este periódico por fin pudo obtener los documentos, se encontró con sospechas peores: hay indicios preocupantes sobre una red de intercambio de favores entre investigadores que absuelven y luego reciben contratos. Después de años de escándalos que terminan sepultados en una entidad que es poco transparente, es fundamental que haya una reforma y que incluso se considere tercerizar la aplicación del régimen disciplinario para garantizar que no haya dudas.
El caso al que nos referimos data de diciembre del 2015, lo que demuestra la lentitud de los procesos y la dificultad para acceder a información de interés público. En aquel entonces, los colegas de Noticias Uno publicaron una grabación del coronel (r) Herney Moreno Velandia, director del grupo de procesos disciplinarios de la Inspección General de la Policía. Palabras más, palabras menos, Moreno aceptaba que fue presionado para absolver en un proceso al coronel Jorge Evelio Palomino, quien coincidencialmente es hermano del entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino. El audio dice: “Quedaron unos errores en unos contratos con cuatro policías, entre esos el director de la escuela. Esas son faltas gravísimas. Entonces, mi general Vásquez [se refiere a Yesid Vásquez, entonces inspector general de la Policía] dizque se la montaba tanto mi general Palomino que me pidió (...) ‘ayúdeme a contestar esa vaina’ (...) Eso terminó en absolución, casi que haciendo lo imposible”.
El Espectador, después de tener que llevar a la Policía a los tribunales para obtener acceso a documentos que por ley son públicos, conoció el expediente de la investigación que de allí surgió contra Moreno. En ella, Moreno admite que la voz del audio filtrado era la de él. Pese a eso, en 2020, fue absuelto de cualquier falla en un auto firmado por el general William Salamanca, hoy director de la Policía. La unidad de investigación de este periódico pudo establecer que Moreno saltó de ser absuelto a trabajar como jefe de la oficina disciplinaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Allí, y esto es lo más importante de este enredo, contrató a los intendentes Óscar García Monroy, Luis Alexánder Moscoso y José Alejandro Morales (quienes llevaron el expediente en su contra que terminó en su absolución).
Esto es un escándalo que merece la atención nacional. Incluso si es cierto, como dice el general Salamanca, que no había pruebas suficientes para una sanción contra Moreno, no tiene presentación que alguien le otorgue contratos a las personas que lo investigaron y absolvieron. Es una falta ética que compromete la legitimidad democrática de varias instituciones: el INPEC, que es usado como fortín burocrático; la Inspección General de la Policía, que se muestra sin dientes ni capacidad investigativa, y la Policía Nacional, que escondió el expediente hasta que fue forzada a revelarlo por la justicia colombiana. Es urgente más transparencia en todos los procesos disciplinarios de la entidad.
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