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Cuesta creerlo: miembros de la Iglesia católica se unieron con jueces de la República para violar la Constitución y censurar una investigación periodística. El temor a la publicación de la información demuestra irrespeto por los derechos fundamentales de los colombianos y el deseo de que el silencio siga siendo cómplice de crímenes atroces.
Dejad que los niños vengan a mí, del periodista Juan Pablo Barrientos, es un libro que cuenta casos de pederastia en la Iglesia católica en Colombia. Por la naturaleza del tema, el poder de los involucrados, el respeto a las víctimas y la realidad de una justicia inoperante ante casos complejos, se trata de una investigación que cuenta con fuentes anónimas. Eso es de esperarse: así ha ocurrido en los grandes escándalos, nacionales e internacionales, donde garantizar el secreto es la única manera que los periodistas tienen a su alcance para obtener la confianza de los denunciantes.
En Colombia, los constituyentes y la Corte Constitucional entendieron la importancia de la reserva de la fuente. Por supuesto, como todos los derechos, tiene sus límites, pero la libertad de expresión y de prensa necesita poder utilizar testimonios anónimos para dar a conocer información relevante.
Parece que dos jueces de la República no han leído la Constitución ni están al tanto de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia.
A Barrientos lo entutelaron dos sacerdotes y un excoordinador de monaguillos, presuntamente responsables de delitos contra la integridad sexual de una de las fuentes del libro. Eso era de esperarse: la tutela se ha convertido en la herramienta de preferencia para los censuradores que buscan acosar judicialmente las investigaciones periodísticas en su contra.
Lo que causó escándalo es que dos jueces aprovecharon las tutelas para censurar el libro. Como medida cautelar, el juez promiscuo municipal de San Rafael (Antioquia) ordenó “suspender la reproducción, comercialización y venta del libro”. Por otro lado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja (Antioquia) le dio cuatro horas al periodista para que entregue los datos de una de sus fuentes, señalando que “la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar”. ¡Eso es censura previa y pretender violar la reserva de la fuente!
Por fortuna, y gracias a la presión de la sociedad, otro juez levantó las medidas cautelares. Además, en un acto de justicia irónica, el libro se agotó en librerías. Por intentar silenciar a Barrientos, los sacerdotes y el excoordinador de monaguillos, así como los jueces, terminaron dándole más publicidad al libro.
Sin embargo, los procesos continúan. Queda también el sinsabor de ver cómo jueces de la República tienen nociones tan peligrosas sobre la libertad de expresión y de prensa. En vez de defender el derecho de la sociedad colombiana a ser informada, evidenciaron que se dejan tentar por el autoritarismo de la censura.
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