La importancia de la libre competencia

Vigilar que existan las condiciones para la libre competencia garantiza que se sigan creando emprendimientos exitosos y se fomenten productos de alta calidad a precios competitivos. / David Campuzano - El Espectador

Colombia no puede venderse ante el mundo como un país comprometido con la libre competencia si no tiene una entidad reguladora con dientes para combatir los pactos indebidos que afectan a los consumidores. Por eso, la proactividad en los últimos años de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aunque ha generado entendibles incomodidades en varios sectores, debe ser celebrada y respaldada por los colombianos.

En estos días se supo que varias cementeras, multadas la última semana por la SIC por haber adoptado comportamientos violatorios de la libre competencia, presentarían recursos de reposición buscando modificar la sanción. Se entiende su preocupación y están en su legítimo derecho: el ente de control les impuso una multa que supera los $200.000 millones a Argos, Cemex y Holcim.

Según los argumentos adoptados por la Superintendencia, las tres compañías pactaron los precios del cemento durante tres años, lo que es particularmente grave, pues entre ellas gozan de una participación del 96 % en el mercado, lo que implica que para las demás empresas no quedaban muchas opciones de competir. Independientemente de cuál sea la decisión final sobre el tema, es muy útil que haya una entidad vigilando estas situaciones para evitar los abusos de poder que vulneren el derecho de todos los colombianos a competir en igualdad de condiciones y, además, a gozar de precios bajos debido a esta competición.

Además, la SIC ha demostrado ser un juez razonable. Aunque el superintendente Pablo Felipe Robledo ha tomado el protagonismo, las decisiones han contado con la participación de expertos. La sanción contra las cementeras, por ejemplo, fue producto de una recomendación unánime por parte del consejo asesor.

No se trata sólo de esta sanción. En estos años, los colombianos han visto sanciones ejemplarizantes contra publicidad engañosa, intervenciones exitosas como el caso de la venta de la boletas para el último partido de la selección de Colombia y la denuncia de varios carteles que atentan contra la competencia.

Los críticos han acusado a la Superintendencia de perseguir a la empresa privada. Esa es una posición errada. ¿Acaso exigir que se cumplan las reglas y que no se hagan pactos bajo la mesa es una persecución contra los empresarios? Al contrario, vigilar que existan las condiciones para la libre competencia garantiza que en Colombia se sigan creando emprendimientos exitosos y se fomente la creación de productos de alta calidad a precios competitivos.

Es obvio que este tipo de vigilancia venga con un costo político. Por demasiados años el país ha tenido entes regulatorios laxos o temerosos de ejercer sus funciones. Pero por eso mismo es necesario que los colombianos (y el Gobierno) respalden la labor de la SIC y las entidades similares.

Una de las obsesiones del Estado es entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese organismo es uno de los principales abogados de la libre competencia. Por eso, reforzar a la SIC envía un mensaje contundente: en Colombia sí estamos comprometidos con los mercados sin alteraciones dañinas para la competencia.

 

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