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La justicia transicional colombiana acaba de alcanzar un hito que no debería pasar desapercibido. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que terminó la investigación del Caso 01, que involucra los secuestros cometidos por las extintas FARC. En total, 4.439 víctimas se acreditaron y narraron ante los tribunales de paz los horrores que sufrieron. La justicia identificó a 63 máximos responsables, de los cuales 36 ya han reconocido responsabilidad y solo 23 habían sido condenados por la justicia ordinaria. Aunque los procesos todavía no terminan, toda la información recopilada por la Jurisdicción le ha dado a Colombia el panorama más integral posible de lo que ocurrió durante los peores años del conflicto armado.
El Caso 01 ha sido, quizás, el más llamativo porque muchas de las víctimas siguen con vida. Eso permitió que tuviéramos audiencias que se grabaron en la conciencia nacional. Recordamos el llanto y el dolor de los sobrevivientes, que confrontaron a sus victimarios y a un país entero. También vimos la importancia del reconocimiento de la verdad, del perdón. No para una reconciliación ficticia, sino para mirar juntos, como nación, las heridas abiertas, el desastre que causa la guerra.
La JEP también le pudo contar al país aspectos de este tipo de crímenes que no conocíamos. En entrevista con La Silla Vacía, Julieta Lemaitre, magistrada que lideró esta investigación, lo explicó así: “había otro tipo de secuestros... los secuestros de control territorial. Por las características de las regiones donde tendían a ser prevalentes, había un dominio de la guerrilla o eran zonas en disputa. Son hechos que fueron muy poco documentados. Y las personas que fueron secuestradas en busca del control territorial sufrieron mucho más de crímenes cometidos de manera concurrente. Es decir, los matan más, los violan más, los torturan más; les va peor que a quienes son secuestrados con fines financieros, significativamente peor”. El país sabía que la guerrilla usaba los secuestros para financiarse (llegando incluso a cobrar 10.000 millones de pesos por liberación) y para forzar intercambios humanitarios por combatientes encarcelados, pero no conocíamos las dinámicas propias del uso de esta herramienta para control territorial.
Quedan, claro, aspectos por determinar. Por ejemplo, la Sala insiste en que se cometió el delito de esclavitud, algo que el exsecretariado ha negado de manera rotunda. Lemaitre explica que “la esclavitud contemporánea, según el derecho actual, consiste en trabajar sin pago y sin posibilidad de irse. En este caso, la persona queda privada de la libertad y obligada a trabajar”. Hay testimonios de víctimas que prueban precisamente eso, así como el uso de cadenas y los constantes tratos inhumanos.
Ahora, los imputados tienen un mes para aceptar su responsabilidad y pasar a un proceso de reparación, o pedir un juicio, lo que inicia un proceso aparte. Es decir, la historia no termina aquí. Pero, mientras tanto, agradecemos a la JEP por su labor incansable y por mostrarle a las víctimas que el Estado colombiano sí quiso contarles qué y cómo ocurrió durante el conflicto. Lo que se encontró es abrumador. Cerramos con una reflexión de la magistrada Lemaitre que, quizás, sirve para entender por qué Colombia es un país que vive en constante estrés postraumático. “La enormidad del dolor siempre es impactante. Es algo que uno sabe, pero como que no entiende, que en crímenes de esta magnitud tú no tienes una persona que cometa todo el crimen, sino que cada uno hace un pedacito del crimen y es cuando acumulas todo lo que pasó que entiendes. Unos son los que te secuestran, otros son los que te caminan, otros son los que te cuidan, otros los que negocian con tu familia, otros los que cobran la plata. Entonces, es impactante ver que fue una máquina y cada persona respondía por su pedacito”. Por eso necesitamos la paz.
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