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La prudencia democrática no es debilidad ante el crimen

El presidente Abelardo de la Espriella firmando una de las bombas de más de 400 kilos que la fuerza pública lanzó contra grupos armados ilegales en Norte de Santander.
El presidente Abelardo de la Espriella firmando una de las bombas de más de 400 kilos que la fuerza pública lanzó contra grupos armados ilegales en Norte de Santander.
Foto: Archivo particular

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Una pieza clave en la estrategia de comunicación del presidente, Abelardo de la Espriella, tensiona uno de los principios fundamentales en una democracia liberal como la que tenemos en Colombia. La estrategia comunicativa de confrontar a las personas capturadas y lanzarles improperios y epítetos que las acusan de delitos es esencial para el deseo que tiene la Casa de Nariño de darles a los ciudadanos la sensación de que las autoridades están recuperando el control del país, pero dificultan las labores de la justicia para llevar a buen término los procesos judiciales tras una captura. ¿Qué pierde el país cuando la agresividad en el discurso desestima el debido proceso?
La respuesta no es tan sencilla. Es más, detrás de esa tensión se encuentra buena parte del descontento que ciudadanos en las democracias del mundo han expresado sobre la democracia y la apuesta por una institucionalidad fuerte. En la mejor versión de ese argumento, las personas no entienden por qué las autoridades se ven incapaces de frenar a una criminalidad que se aprovecha de las garantías procesales para quedar en la impunidad y seguir sembrando zozobra. El presidente De la Espriella sabe que esa sensación fue determinante en quienes votaron por él.
Por eso, los videos en los que confronta a personas capturadas buscan cumplir el propósito de decir: tranquilos, que por fin habrá consecuencias. Es comprensible que esto sea popular, más aún en una Colombia que vio cuatro años de “paz total”, la excusa fallida de la administración pasada para darles excesivos beneficios a los criminales sin mayor rédito para la población en general.
Por más persuasivo que sea el argumento anterior, se enfrenta a muchas dificultades en el contexto de una democracia como la nuestra. Los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y el principio de división de poderes se crearon para evitar abusos de poder por parte del Estado y por quienes ocupan cargos determinantes en el Gobierno. La historia de nuestro país y del mundo entero está llena de ejemplos en los que el linchamiento, la persecución y la estigmatización, disfrazados de superioridad moral, causan tragedias. La presunción de inocencia, por ejemplo, es esencial para que toda persona tenga garantías de que el poder del Estado no será usado en su contra a menos que la justicia, en varias instancias, haya encontrado razones claras para permitirlo. Sí, es incómodo, y sí, sabemos que los alcaldes del país se quejan por la liberación de personas capturadas que no deberían estar en las calles, pero también conocemos el horror que produce cuando inocentes caen bajo el peso del autoritarismo.
Lo que nos aterriza, de vuelta, en los videos del presidente De la Espriella. ¿Acaso la única manera de mostrarle al país el ejercicio de la autoridad es con adjetivos irresponsables e insultos a las personas capturadas? No es solo un cuestionamiento de forma. Cuando el mandatario de los colombianos acusa a personas de cometer delitos y lo publicita a voz en cuello, abre la puerta para que abogados defensores, como lo fue en su momento el ahora mandatario, utilicen esas extralimitaciones para sabotear los procesos judiciales. Entonces el mismo presidente entorpece la justicia.
¿Y si las personas capturadas no son quienes las autoridades creen que son o no hay pruebas suficientes de que cometieron los delitos que se les atribuyen? ¿Quién responderá por el daño a su reputación y por las demandas que vendrán eventualmente contra el Estado? Gobernar en beneficio de todos los colombianos implica reconocer cuándo la prudencia es necesaria, así no se preste para likes fáciles en redes sociales.

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