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La devastación que dejaron dos terremotos seguidos en Venezuela es solo superada por la frustración que están expresando las víctimas de los sismos por la falta de ayuda estatal para responderles adecuadamente. Al país hermano llegó una tragedia mientras su economía sigue en las ruinas y su gobierno central, administrado desde Caracas con mando a distancia desde Estados Unidos, tiene pocas capacidades de responder de manera eficaz. La solidaridad de Colombia y del resto de la comunidad internacional ha sido contundente y necesaria, pero ha quedado aún más al desnudo el hecho de que la dictadura debilitó el servicio público para favorecer a burocracias corruptas e inútiles en momentos de crisis.
El doblete sísmico fue aterrador. Primero se sintió un terremoto de 7,2 grados y 39 segundos después otro de 7,5. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se trata del terremoto más fuerte en más de un siglo en Venezuela. Los videos que se empezaron a conocer en redes sociales son estremecedores. Se ven edificios temblando, otros derrumbándose y muchos que quedaron en pie están seriamente afectados.
En todo eso, Delcy Rodríguez, presidenta que gobierna con la complicidad del gobierno de Donald Trump, tardó tres horas en hablarle a la nación. A pesar de sus múltiples comunicados, las regiones más afectadas, como La Guaira, denuncian falta de ayuda. Como lo describió Florantonia Singer para El País de España: “En el sector de Catia La Mar, en el estado La Guaira, la gente no ha parado de buscar a sus familias, y a sus muertos, desde que los dos sacudones de la tierra volvieran a instalar el estado de tragedia en el litoral que en 1999 ya había sido arrasado por un deslave. Lo hacen con machetes, martillos, palos y gatos hidráulicos para carros. Con las uñas, con sus vecinos. La presencia oficial de rescatistas casi no se nota en la zona cero del desastre”.
Cuando este editorial sea publicado, los números habrán cambiado. Sin embargo, lo que ya conocemos es terrible. Al cierre de esta edición contamos 188 personas muertas, 157 desaparecidas, 1.500 heridos y por lo menos 200 personas esperando ayuda bajo los escombros. Unas 2.927 familias han perdido sus viviendas, pero ese número crecerá. La precariedad del Estado nos lleva a que no tengamos información consolidada ni confiable, y a esperar a que en los próximos días nos enteremos de la magnitud real de la tragedia. Adicionalmente, el bloqueo histórico a medios de comunicación independientes ha dificultado difundir información y saber qué ocurre desde el terreno. El Espectador se ha aliado con iniciativas ciudadanas y periodísticas para difundir puntos de atención y también de acopio de donaciones.
Venezuela y Colombia son países hermanos. Su frontera porosa ha visto flujos migratorios: de colombianos hacia allá a principios de 2000 y de venezolanos hacia acá en la última década de gobierno de Nicolás Maduro. Por eso su dolor es el nuestro. Nos unen las familias compartidas, la cultura que en regiones fronterizas es una sola. Expresamos nuestro dolor. También nuestra frustración, porque la incertidumbre política no ha cesado. Como lo explicó el periodista venezolano Boris Muñoz en columna para El País: “Basta ver las imágenes del estado Vargas: edificios convertidos en montañas de concreto y hierros retorcidos, personas bajo escombros sin auxilio 12 horas después del sismo, voluntarios sin equipamiento, hospitales sin recursos, rescatistas sin transporte ni combustible para entender la profundidad de la catástrofe. Lo que se ve allí no es solo el resultado de un terremoto: es el retrato de un Estado que lleva décadas vaciándose por dentro”. Hoy Colombia los acompaña. Y se conduele con sus muertos.
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